CARLOS PEÑA BADILLO
Septiembre ha sido un mes sumamente difícil para las autoridades federales y, en especial, para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya que tienen en sus manos el más grande caso de corrupción, en la historia de la criminalidad en México.
Todo empezó con la detención de un buque con ocho millones de litros de combustible en Ensenada, Baja California y unos días después la detención de otro buque con 10 millones de litros de combustible, en el Puerto de Altamira, Tamaulipas, que pusieron al descubierto el alto nivel de corrupción por el tráfico del llamado huachicol fiscal. Aquel que el presidente López Obrador, con un pañuelo blanco en su mano, afirmó en una mañanera, que había desaparecido. Todo lo contrario, el huachicol ahora implica al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y a dos de sus sobrinos políticos el Vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, que se encuentra arrestado y el Contralmirante, Fernando Farías Laguna, hasta ahora prófugo de la justicia.
Según la red del huachicol que se va ampliando y manchando a políticos cercanos al expresidente López Obrador y a una red de empresarios operadores del huachicol, los sobrinos del exsecretario de Marina trabajaban con Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de Protección Portuaria de Altamira, quien el pasado 8 de septiembre apareció muerto en sus oficinas, las primeras versiones oficiales dijeron que fue un suicidio. Y en ese afán de las autoridades por desviar la atención de este caso, la presidenta apareció al día siguiente para decir en su mañanera que Pérez Ramírez se había suicidado por razones personales, no porque tuviera ninguna implicación en la corrupción del huachicol. ¿Con qué pruebas la presidenta hizo tal afirmación? Todavía no lo aclara. En esa misma mañanera el Fiscal Hertz Manero tratando de exculpar al exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, afirmó que este funcionario hace dos años le reportó la corrupción del huachicol en Tamaulipas, pero inexplicablemente no dijo por qué no movió un dedo en estos dos años para combatir esta red de huachicol, que ya era ampliamente conocida.
Según uno de los varios documentos que conforman la red del huachicol y que ya son del dominio público, hablan de cómo Mario Delgado, expresidente de Morena y secretario de Educación, tenía una muy buena relación con Sergio Carmona, llamado El Rey del Huachicol y quien fue asesinado en el 2021, igual que el empresario Ángel Arnoldo Ramírez Salinas y un Agente de la entonces Procuraduría General de la República, Ernesto Vázquez Reyna. La misma suerte tuvo el subdirector de Operación Aduanera en Manzanillo, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, asesinado en el 2023.
En una gráfica sobre la red de huachicol se conocen por lo menos otros cinco asesinatos relacionados con esta red del huachicol, que ahora, según lo publicado por el periódico Reforma, la Fiscalía General de la República y la Marina, han encontrado más de 500 empresas relacionadas con el caso de los sobrinos de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina y en esa enorme red las autoridades siguen rastreando los vínculos entre Ojeda y Audomaro Martínez, quien fue Jefe de Seguridad del presidente López Obrador y el hombre más fuerte en el tema de seguridad en todo su gobierno.
Ya encontraron que en la empresa Sedegral cuyos socios principales son la esposa y el hijo de Audomaro Martínez, ganaron más de 500 millones de pesos en contratos con el gobierno federal. También, se dice, que el SAT les condonó multas multimillonarias.
Por todo esto y mucho más que se investiga, Héctor Aguilar Camín informa en su columna de Milenio que el gobierno federal intenta desesperadamente un control de daños, para que la mancha del huachicol fiscal no alcance a más personas, ya que conforme se agregan nuevos nombres en esta trama de corrupción, parece que todo está contaminado.
El intento obvio es que las autoridades federales buscan a toda costa que la mancha no llegue al exsecretario de Marina, porque entonces inevitablemente llegaría al expresidente López Obrador.
Sin embargo, la reacción pública a las declaraciones de la presidencia y del fiscal Gertz Manero ha sido tan negativa, que ya no existe credibilidad en el gobierno y desafortunadamente está demeritando sus grandes logros alcanzados en el tema de seguridad.
Un intento de contención de daños más oscuro es el que parece asociado a la ejecución de testigos, conocedores y denunciantes del caso. Se diría que los criminales descubiertos limpian huellas, suprimen eslabones de complicidad o de conocimiento.
Sin embargo, las huellas crecen en todas direcciones y se revelan vínculos delictivos entre marinos, aduaneros, empresarios, prestanombres, compradores y distribuidores de los líquidos ilegales y, con ellos, la credibilidad institucional que alcanza incluso a los gobiernos estatales también empieza a afectar a Zacatecas. Ahora hay más gente interesada en que se aclaren las asignaciones y los gastos que se hicieron en la obra del segundo piso, porque hay culpables, pero nadie ha logrado revelar sus nombres.
En estas tramas de ilegalidad y corrupción queda claro que las autoridades protegen a sus cómplices, pero también es cierto que un día se descubre toda la verdad.
Sobre la Firma
Diputado, exalcalde, voz opositora firme
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