CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El portón cerrado de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas no es una anécdota administrativa. Es una metáfora. Tres semanas de candados, lonas y aulas vacías dicen más que cualquier comunicado oficial: cuando una universidad se paraliza, algo más profundo que el calendario académico está en disputa.
El 19 de enero de 2026 la rectoría fue tomada. Desde entonces, el conflicto se extendió como una mancha de aceite a los planteles de Guadalupe y Pinos, y al CADEC. No hay clases normales, no hay acuerdos, no hay confianza. Solo posiciones atrincheradas. De un lado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (SUTUTEZ) exige la salida de la rectora Violeta Cerrillo Ortiz. Del otro, la administración y el Gobierno del Estado de Zacatecas sostienen que el paro no es laboral, sino político. Dos relatos. Una institución rehén.
En el centro del pleito hay dinero. O su ausencia. El líder sindical Samuel Flores González habla de un faltante de diez millones de pesos en aportaciones estatales. Sin ese recurso, dice, no hay manera de cubrir prestaciones ni respetar el contrato colectivo. La versión sindical añade un dato incómodo: el propio gobierno habría pedido permiso para aportar menos, lo que cerró la llave federal. La universidad, así, quedó atrapada en un juego de sombras presupuestales.
La rectoría responde con números y oficios. Ocho de nueve puntos del pliego —asegura— están resueltos. El conflicto se empantana en uno solo: la exigencia de basificar a cinco trabajadores con contratos temporales. Hacerlo, advierte la administración, violaría la normativa laboral y abriría la puerta a sanciones de la Auditoría Superior. No es una advertencia teórica: ya existen observaciones por siete millones de pesos. La legalidad se invoca como escudo. El sindicato la percibe como pretexto.
Pero el conflicto dejó de ser únicamente contable cuando entró la política por la puerta principal. El gobernador David Monreal Ávila despachó el descontento magisterial y sanitario con una frase que incendia: “pura politiquería”. La Secretaría de Educación de Zacatecas, a través de su subsecretario Armando Delgadillo Ruvalcaba, cerró filas con la rectora, exaltando su honestidad y transparencia. El poder eligió bando. Y al hacerlo, profundizó la grieta.
El sindicato lo niega todo: no hay partidos, no hay agendas ocultas. Solo derechos laborales. Sin embargo, la crisis adquirió otra densidad cuando se sumó una denuncia grave: el presunto encubrimiento de una agresión sexual ocurrida dentro del campus y en un vehículo oficial, atribuida al chofer personal de la rectora. El señalamiento pesa. No por su utilidad retórica, sino por lo que revela: cuando una institución no ofrece canales confiables de justicia, la violencia se convierte en moneda de presión. La rectora rechaza omisiones y responde con una advertencia inversa: podría denunciar violencia de género en su contra por la naturaleza de los ataques. La palabra “género”, usada por ambos lados, pierde sentido cuando se vuelve arma arrojadiza. Y más cuando se repite, y se repite…
Mientras tanto, la vida académica intenta sobrevivir en los márgenes. La rectoría activó clases virtuales y sedes alternas, apoyada en 33 docentes no sindicalizados y cinco funcionarios. Dice hacerlo por petición de los estudiantes. El sindicato lo llama imposición, violación contractual, pedagogía de emergencia. Anuncia, además, la sindicalización masiva de esos docentes externos. Una bomba financiera para una universidad ya asfixiada.
El diálogo está roto incluso en la forma. La administración propone mesas públicas, grabadas, abiertas: los recursos son públicos, dice. El sindicato se niega. Comparar una revisión laboral con un juicio penal no es una metáfora menor: expresa miedo a la exposición, pero también desconfianza en la neutralidad del escenario. Aquí nadie quiere ceder el control del relato.
En este punto, la pregunta ya no es quién tiene razón, sino quién está dispuesto a hacerse cargo del daño. Cada día de paro erosiona la credibilidad de la universidad. Cada declaración oficial que reduce el conflicto a “politiquería” empobrece la política. Cada denuncia grave sin cauce institucional degrada la justicia.
La universidad no debería ser un campo de batalla. Pero cuando el poder confunde autoridad con cerrazón y la defensa laboral se vuelve todo o nada, el conocimiento queda sitiado.
Y una universidad sitiada siempre pierde, incluso cuando alguien cree haber ganado.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
BIO completa