CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Los manuales modernos para borrar un poeta ya no requieren hogueras, censura ni policías culturales. Basta una oficina, un cambio administrativo y la certeza de que la memoria puede actualizarse como si fuera un reglamento interno.
Eso fue lo que ocurrió en la Ciudad de México, cuando la Secretaría de Cultura encabezada por Ana Francis López Bayghen Patiño decidió transformar la histórica Casa del Poeta Ramón López Velarde en la llamada Casa de las Palabras, un proyecto que incluye nuevas actividades culturales y hasta el primer cabaret público de la capital.
La decisión habría pasado como una más entre tantas ocurrencias burocráticas si no fuera por un detalle: el inmueble de Álvaro Obregón 73 fue la última morada de Ramón López Velarde. Allí vivió sus últimos años. Allí murió en 1921. Y allí se construyó, durante más de tres décadas, uno de los espacios dedicados a preservar la memoria de quien escribió algunos de los versos más importantes de la literatura mexicana.
La reacción fue inmediata. Escritores, académicos, vecinos y gestores culturales denunciaron lo que consideraron un intento de diluir la vocación histórica del recinto. No se trataba únicamente de un cambio de nombre. Tampoco de la incorporación de nuevas actividades. Lo que muchos observaron fue algo más profundo: la sustitución gradual de un símbolo cultural bajo el argumento de la modernización.
La paradoja resulta particularmente incómoda para la Cuarta Transformación. Durante años, el movimiento gobernante ha reivindicado la memoria histórica como uno de sus principales activos políticos. Ha defendido monumentos, héroes nacionales, episodios del pasado y agravios históricos que considera indispensables para entender el presente.
Sin embargo, cuando llegó el turno de proteger uno de los espacios literarios más importantes del país, la sensibilidad pareció agotarse de golpe.
La Secretaría de Cultura argumenta que busca abrir el recinto a nuevas expresiones artísticas, incorporar lenguas indígenas, cultura afromexicana y actividades vinculadas con la diversidad sexual. Son objetivos legítimos. Nadie discute la necesidad de ampliar espacios culturales. El problema comenzó cuando la inclusión pareció confundirse con reemplazo.
La dependencia eliminó inicialmente la denominación Casa del Poeta para convertirla en Casa de las Palabras, una decisión que provocó tal rechazo que terminó obligando a una rectificación pública.
Intelectuales de distintas corrientes levantaron la voz. Incluso José Alfonso Suárez del Real, exsecretario de Cultura y hoy asesor político en la Presidencia, salió a asegurar que Clara Brugada mantiene el compromiso de preservar tanto el nombre como la vocación original del recinto. La corrección posterior confirmó lo evidente: alguien había subestimado el valor simbólico de López Velarde.
La discusión tampoco es menor desde el punto de vista patrimonial. En la Casa del Poeta se resguardan cerca de doce mil volúmenes especializados, las bibliotecas de Salvador Novo y Efraín Huerta y una valiosa colección fotográfica de Rogelio Cuéllar. Por eso, cuando una institución cultural cambia de rumbo, las preguntas sobre el destino de sus acervos dejan de ser un asunto administrativo para convertirse en una preocupación pública.
Desde Zacatecas, la respuesta fue contundente. María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, expresó su rechazo al cambio. El Ayuntamiento de Jerez, encabezado por Rodrigo Ureño Bañuelos, calificó la decisión como una agresión contra la conciencia histórica y el patrimonio cultural de los mexicanos.
Y es que López Velarde no pertenece únicamente a Zacatecas. Tampoco a la Ciudad de México. Pertenece a una tradición cultural que ayudó a explicar quiénes somos cuando el país todavía buscaba una voz propia.
Miles de ciudadanos respaldaron una petición en Change.org y diversas organizaciones convocaron una manifestación frente al recinto hoy 12 de junio. La amplitud de la reacción demuestra que la discusión ya dejó de pertenecer al mundo de la literatura. Lo que comenzó como una decisión administrativa terminó convirtiéndose en un debate sobre memoria, patrimonio e identidad cultural.
Porque el fondo del asunto no es un cabaret. Tampoco una oficina gubernamental ni una disputa sobre lenguaje incluyente. Lo que sí está en juego es algo más profundo: la capacidad de una sociedad para conservar sus referentes sin convertirlos en rehenes de las modas políticas de cada época.
Alguien creyó que Ramón López Velarde era apenas un nombre colocado sobre una fachada. El tamaño de la reacción demuestra exactamente lo contrario.
Los edificios pueden cambiar de administrador. La memoria no debería cambiar de dueño.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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