CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Un año después de la fotografía de julio de 2025, el destino de las medicinas tiene una versión más completa. No es exactamente la que se publicó primero, pero tampoco cabe en una sola imagen.
La historia comenzó con una cifra redonda: 13 millones de pesos en medicamentos gestionados por el alcalde Rodrigo Ureño Bañuelos ante la diputada federal Julia Olguín Serna.
El anuncio sonó a buena noticia: medicamentos para cáncer, osteoporosis, hipertensión, artritis, dolor neuropático y crisis convulsivas, entre otros padecimientos. Se habló de llevarlos a las comunidades, a las clínicas rurales y a quienes más los necesitaran.
Lo que siguió se vio menos.
El Ayuntamiento respondió ahora a las versiones sobre el destino de ese lote y aportó un dato: sí hubo distribución.
En agosto de 2025, el propio municipio informó públicamente la entrega de nueve mil 748 cajas y explicó que los medicamentos continuarían distribuyéndose mediante el DIF, incluso hacia comunidades y otros municipios donde pudieran ser aprovechados.
Ese dato matiza la denuncia original. Ya no se puede afirmar, sin más, que las medicinas fueron recibidas, almacenadas y olvidadas hasta caducar. Hubo jornadas de entrega y hubo distribución. Y, según la versión municipal, también gestiones para colocar la mayor cantidad posible antes de que vencieran.
Pero hay otra parte.
Una medicina caducada deja de ser un insumo para la salud y pasa a ser un residuo que exige otro manejo. Ya no se trata de repartirla, sino de asegurar que su destino final sea el adecuado.
Esto cambia buena parte del relato inicial.
El Ayuntamiento sostiene que los productos que alcanzaron su fecha de caducidad fueron canalizados al Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, dentro de una campaña implementada por el Gobierno del Estado para el acopio de medicamento caduco. También afirma que atendió el mecanismo establecido y que el proceso de disposición final quedó inconcluso cuando dicha campaña dejó de tener continuidad.
Ese punto es importante porque modifica sustancialmente el relato inicial.
Según esta explicación, no se trata de medicamentos abandonados a su suerte, sino de un lote con dos momentos: primero, el intento de distribuirlo; después, el de encauzar lo que ya no podía usarse.
Conviene separar los hechos de las sospechas.
La NOM-052-SEMARNAT-2005 establece los criterios para identificar y clasificar residuos peligrosos, y el manejo de medicamentos caducos requiere condiciones específicas. Por eso, cuando los productos dejaron de servir, el asunto pasó a ser sobre todo administrativo y ambiental.
La pregunta, entonces, no es solo qué pasó con las medicinas caducadas, sino en qué punto quedó su disposición final.
Si el medicamento fue canalizado a una instancia estatal, debe existir una constancia. Si la campaña dejó de operar, debe haber una explicación institucional. Y si todavía queda material pendiente, importa saber en qué condiciones está resguardado y qué destino tendrá.
No se trata de un juicio sumario ni de una defensa automática: basta con seguir el rastro documental.
El Gobierno de Jerez tiene un argumento que pesa. Que un lote contuviera medicamentos que luego caducaron no demuestra, por sí solo, que el municipio se negara a distribuirlos. La información pública disponible muestra que al menos una parte sí fue entregada. Además, el Ayuntamiento sostiene que el lote incluía medicamentos con distintas vigencias, algunas muy cortas, lo que volvió más urgente y complicada su distribución.
La caducidad no deja de ser un problema, pero tampoco permite contar la historia por un solo lado.
Los medicamentos no son cajas cualesquiera: vencen, requieren condiciones de almacenamiento y, cuando dejan de servir, hay reglas para deshacerse de ellos.
En 2025 la foto fue del logro; ahora toca ver el saldo.
Entre una y otra debe haber trazabilidad: cuánto llegó, cuánto se entregó, cuánto caducó y qué se hizo con lo que ya no podía utilizarse.
Si esa documentación existe, permitirá cerrar una historia que empezó con una buena noticia y terminó en un problema menos visible, pero igual de importante.
En la administración pública, además, hay asuntos que no terminan cuando se acaba la fotografía, sino cuando se puede demostrar dónde quedó cada cosa.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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