CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hay algo profundamente incómodo en una feria cuando la música empieza a sonar mientras una ciudad todavía intenta entender una masacre. El 18 de julio dejó 10 muertos y una investigación que abrió preguntas sobre la violencia, la extorsión y la posible participación de servidores públicos. Ahora, mientras Fresnillo prepara su feria, otra discusión ocupa el escenario: qué se canta, quién contrata y, sobre todo, qué responsabilidad tienen las autoridades cuando organizan una fiesta pública en un lugar que todavía carga con las heridas de la violencia.
La polémica por la contratación de Luis R. Conríquez parecería, a primera vista, una disputa entre el Gobierno del Estado, que invoca una política de pacificación, y el Ayuntamiento de Fresnillo, que sostiene su cartelera.
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, ya solicitó formalmente cancelar la presentación del cantante, programada para el 28 de agosto. El argumento es jurídico: el Gobierno estatal considera que el contenido asociado con el espectáculo puede constituir apología del delito y cita el artículo 190 del Código Penal de Zacatecas.
Pero el verdadero problema no está solamente en el escenario. Está debajo.
La investigación por los hechos del 18 de julio ha colocado bajo escrutinio a funcionarios y empresarios relacionados con distintos ámbitos de la vida pública de Fresnillo. Entre las líneas de investigación señaladas por las autoridades aparecen la posible existencia de una red de extorsión y la eventual colusión de servidores públicos.
Algunos de los nombres relacionados con la organización de la Feria Nacional de Fresnillo aparecen también en ese contexto de investigación. No corresponde adelantar conclusiones. Sí corresponde preguntar. Y ese cuestionamiento resulta mucho más difícil que decidir quién canta.
Porque una feria también es dinero. Contratos. Permisos. Patrocinios. Concesiones. Seguridad. Proveedores. Decisiones tomadas en oficinas que rara vez aparecen en las fotografías de los escenarios.
Cuando una investigación criminal alcanza a personas vinculadas con la organización de un espectáculo público, la obligación de las autoridades no es alimentar sospechas, pero tampoco ignorar las preguntas. Es esclarecerlas.
El Gobierno del Estado ha sido contundente al pedir que Conríquez no se presente. Reyes Mugüerza sostiene que la Mesa Estatal de Construcción de Paz había establecido el compromiso de evitar espectáculos que hicieran apología de la violencia.
La postura merece ser tomada en serio y examinada.
Porque la paz no puede reducirse a decidir qué canciones son inconvenientes mientras se deja en segundo plano la forma en que se contratan y administran los espectáculos públicos.
La seguridad tampoco empieza cuando llegan las patrullas a un concierto. Empieza mucho antes: en los procedimientos, en los permisos, en la supervisión, en las empresas contratadas y en la transparencia de los recursos.
Fresnillo ha vivido durante años bajo el peso de la violencia. Por eso la discusión sobre los llamados corridos bélicos no ocurre en un vacío. El propio Gobierno estatal ha advertido que las ferias deben ser espacios de convivencia familiar y no plataformas que normalicen actividades criminales.
Pero tampoco conviene convertir una controversia musical en una cortina de humo.
Si el Estado sostiene que determinados contenidos hacen apología del delito, debe actuar conforme a la ley y explicar con claridad los fundamentos de su decisión. Si existen investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios, empresarios, extorsión y organización de la feria, esas investigaciones deben llegar hasta donde tengan que llegar. Sin excepciones. Sin amigos. Sin adversarios favoritos.
La Feria Nacional de Fresnillo puede tener a Conríquez o puede no tenerlo. El alcalde Javier Torres Rodríguez puede corregir la cartelera o sostenerla. El debate sobre los corridos bélicos seguirá existiendo y tendrá que resolverse dentro de la ley, no mediante censuras improvisadas ni provocaciones políticas.
Pero hay una obligación mayor. La investigación sobre los hechos del 18 de julio no puede convertirse en una nota al pie mientras la vida pública continúa como si nada hubiera ocurrido. Diez personas fueron asesinadas. Las autoridades han informado que entre las líneas de investigación se encuentran posibles hechos de extorsión y una eventual colusión de servidores públicos.
Eso exige prudencia, pero también exige respuestas.
Porque una sociedad golpeada por la violencia tiene derecho a saber quién organiza sus fiestas, cómo se contratan, quién las supervisa y qué controles existen para impedir que el dinero público, los negocios privados o las decisiones políticas terminen contaminados por intereses criminales.
No se trata de cancelar la alegría. Se trata de impedir que la alegría sirva para ocultar lo que todavía debe explicarse.
Por eso la pregunta no debería ser solamente qué música queremos escuchar. Tendría que ser qué clase de feria estamos dispuestos a financiar, tolerar y permitir.
Una fiesta pública no puede exigir olvido a una sociedad que todavía está esperando respuestas. La memoria también debe entrar gratis a la feria.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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