CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En el Congreso de Zacatecas, la fe pública se calentó en microondas. No hubo tiempo para el silencio ni para el oficio. Cuando la ley corre, la verdad tropieza. Y cuando tropieza la verdad, el poder sonríe.
La escena fue sobria y áspera. Tras la lectura del dictamen de la reforma a la Ley del Notariado, se abrió la discusión en lo general. Tres voces, tres advertencias, un mismo fondo: la discrecionalidad como método. El petita Alfredo Femat Bañuelos, la panista Maritere López García y el priista Carlos Peña Badillo hablaron en contra. No defendían a un gremio; defendían una idea incómoda para el poder: el mérito como puerta de entrada.
Maritere López elevó el tono sin elevar la voz. Recordó lo esencial: el notario no es un gestor; es la fe pública encarnada. Cada firma, cada autorización, impacta un patrimonio. Dejar esa función en manos discrecionales es vaciarla de sentido.
La panista insistió en lo obvio que suele estorbar: los exámenes de oposición existen para garantizar experiencia y preparación. La iniciativa rompe con ese principio y, lejos de fortalecer al notariado, lo fragmenta. Invirtió el orden lógico: primero se otorga la patente y luego se capacita durante 20 meses. Un disparate.
Los errores notariales no son académicos; se pagan con casas, herencias, empresas. Señaló, además, la ausencia de un diagnóstico que justifique la urgencia. Sin datos, la prisa suena a capricho. Y nombró al fantasma que vuelve: el “notario del sexenio”.
Femat fue directo. Señaló el corazón del problema: la iniciativa permite al gobernador designar notarías de manera directa, sin examen de oposición. El acceso deja de ser un camino y se convierte en un gesto. La ley, dijo, se inclina. Se rompe el principio de igualdad y se lastima a quienes siguieron el sendero institucional.
En esa pendiente, advirtió, se pone en riesgo la validez de los actos y la certeza jurídica. No es una reforma administrativa: es un cambio de reglas que afecta patrimonios. Llamó a revisar a fondo o a desecharla tal como está.
Desde el PRI, Dayanne Cruz llamó a la reforma por su nombre: “iniciativa de microondas”. Coincidió con Maritere. Cuando el tiempo es el argumento, suele esconderse la debilidad.
Carlos Peña cerró el triángulo. Pidió reflexión y corrección. “No hagan cosas buenas que parecen malas”, dijo, y la frase pesó. ¿Por qué ir por la trocha cuando se puede buscar legitimidad? Cuestionó el dictamen construido sin escuchar a los más interesados. Enumeró los antecedentes con una ironía triste: no bastó avasallar al Poder Judicial ni echar abajo la transparencia; ahora se pretende, “de un plumazo”, decidir quién será notario, sin consideración alguna. Antes había formación; hoy hay decreto.
Los apuntes del periodista Heraclio Castillo, desde el Congreso del Estado, son la mejor descripción de los hechos.
La votación en lo general fue aritmética pura: 15 a favor, 10 en contra. Aprobado. Entonces llegó la reserva. La promovió la diputada de Morena, la migrante, la presunta promovente, Ma. Dolores Trejo. Cambió poco para que todo siguiera igual. El inquilino de La Casa de los Perros podrá designar de manera extraordinaria hasta cuatro notarías —dos hombres y dos mujeres— cuando la “necesidad” lo amerite. Se mantiene la vía del examen de oposición. La excepción se vuelve norma en potencia. La discrecionalidad se disfraza de paridad. La reserva pasó con 16 votos a favor y 10 en contra. Dictamen aprobado.
Hubo, además, una forma silenciosa de votar: la huida. Los diputados de Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca y Marco Vinicio Flores Guerrero, abandonaron la sala de plenos para no fijar postura. Lo mismo hicieron Eleuterio Ramos Leal, del PRD, y el panista Pedro Martínez Flores. Salieron antes de la votación y regresaron después, como si la ausencia no contara. Pero cuenta.
En política, retirarse también es decidir. Con ese gesto —tan pulcro como cobarde— se sumaron, en los hechos, a la mayoría que avaló la reforma. Ellos, como los legisladores de Morena y del PVEM, le dieron la espalda a los notarios públicos y a todo lo que la fe pública representa: certeza, legalidad y confianza social. Cuando nadie levanta la mano, el poder agradece el silencio.
En política, las palabras “extraordinario” y “necesidad” son llaves maestras. Abren puertas que la ley cerró con cuidado. Hoy se dijo que serán cuatro; mañana, que el contexto cambió. La historia conoce ese trayecto.
La fe pública no admite atajos. No porque el notariado sea un club exclusivo, sino porque su función exige confianza social. Cuando la patente llega antes que el aprendizaje, la ley aprende a mentir. Y cuando la ley miente, los perros de la casa no ladran: reparten credenciales.
Zacatecas amaneció con una reforma aprobada y se acostará con una pregunta abierta: ¿quién custodia la fe cuando el poder decide a quién creerle? En el Congreso, la respuesta se votó rápido. La factura, como siempre, llegará después.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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