CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El Congreso de Zacatecas amaneció con una grieta nueva. No está en los muros, sino en los acuerdos. El domingo hubo votos suficientes para aprobar una reforma electoral; el lunes aparecieron las facturas políticas.
Y entonces Carlos Puente Salas puso nombre a lo que, hasta ese momento, muchos intentaban envolver en lenguaje parlamentario: madruguete y traición.
El diputado federal y coordinador de la bancada del Partido Verde a nivel nacional no escogió palabras suaves. Dijo que la maniobra contradice los acuerdos alcanzados entre Morena, PT y PVEM en las mesas nacionales.
El asunto, según su versión, ya estaba superado. Había consenso, una ruta trazada y, al menos en el papel, una coalición que pretendía caminar junta hacia 2027.
Y de pronto apareció un domingo.
Carlos Puente cuestionó precisamente eso: que la sesión se utilizara para sacar adelante, en fin de semana, una modificación que considera un parche contra la competitividad y la equidad de las fuerzas políticas. Habló del riesgo de convertir el Congreso en un “club de los binominales”, donde las minorías tendrían cada vez menos espacio.
Pero quizá lo más delicado no fue la crítica jurídica. Fue la política.
Porque el Verde no está hablando solamente de una reforma que considera impugnable. Está hablando de confianza. Y cuando una coalición pierde la confianza, puede conservar los votos durante un tiempo, pero deja de ser una coalición. Se convierte en una suma de intereses esperando el siguiente movimiento.
Puente Salas anunció que el PVEM combatirá la reforma mediante una acción de inconstitucionalidad. También sostuvo que los artículos modificados fueron incorporados mediante una reserva de última hora, cuando no formaban parte del dictamen original. Lo llamó una práctica de “tinterillo” legislativo con aspiraciones personales.
La acusación es grave. Y conviene dejarla donde corresponde: en los tribunales, si llega hasta ahí. Pero políticamente ya produjo un efecto que ningún recurso jurídico puede borrar con facilidad: Morena y Verde dejaron de hablar como aliados y comenzaron a hablar como adversarios.
El panista Miguel Varela Pinedo aprovechó la fractura para subir todavía más el tono. El alcalde de Zacatecas llamó a lo ocurrido un “albazo político electoral” y acusó al oficialismo encabezado por el todavía inquilino de La Casa de los Perros de utilizar el Congreso para afectar a las minorías.
Su lectura es abiertamente electoral: sostiene que Morena sabe que perderá en 2027 y que, por eso, estaría construyendo desde ahora una red de protección para conservar representación legislativa.
Miguel Varela incluso llevó la acusación hasta su máxima expresión: habló de un gobierno que se va y de los Monreal como un grupo que se siente dueño del estado. También anunció que el PAN hará lo propio para impugnar la reforma.
Es oposición hablando como oposición. Hay que leerla con esa distancia. Pero no conviene desecharla por eso. Las palabras de Varela Pinedo revelan algo que la reforma ha hecho visible: el cálculo para 2027 ya entró al salón de sesiones.
La grieta, en realidad, venía de antes. Apenas semanas atrás, en la reunión de aspirantes a la Coordinación Estatal con la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández, el discurso oficial fue el de la unidad y el juego limpio.
Pero mientras Zaira Villagrana, José Narro Céspedes, Julia Olguín Serna, Verónica Díaz Robles y Ulises Mejía Haro hablaban de cerrar filas, sobre Carlos Puente ya pesaba un señalamiento incómodo: el gasto en espectaculares y bardas, con la advertencia de que podría integrarse un expediente con georreferencias para turnarlo al INE.
Puente no estuvo en aquella reunión. Hoy, después del choque por la reforma electoral, aquel episodio parece menos una anécdota y más el primer aviso de una alianza que llevaba tiempo caminando con los zapatos rotos.
Y ahí aparece el tercer problema. El Partido Verde expulsó de sus filas a Lyndiana Bugarín Cortés, Fernanda Miranda Herrera y José Luis González Orozco. Los tres habían votado a favor de la reforma. El CEN del PVEM se deslindó de sus decisiones y dejó claro que ya no representan al partido.
No es un detalle administrativo.
Bugarín pierde su lugar en la Junta de Coordinación Política y queda bajo interrogante la presidencia de la Comisión de Vigilancia que encabeza. González Orozco queda fuera del Órgano de Administración y Finanzas y su presidencia en la Comisión de Hacienda también entra en zona de incertidumbre. Miranda Herrera preside la Comisión de Derechos Humanos. Son comisiones e igual número de posiciones que de pronto quedan como espacio abierto para medir quién manda.
Ahora falta ver qué hará el Congreso con esas presidencias. Porque expulsar a un diputado de un partido no necesariamente borra sus facultades constitucionales, pero sí modifica el tablero político. Y en un Congreso donde cada voto cuenta, modificar el tablero significa modificar el poder.
Por eso el desatino de Santos Antonio González Huerta resulta todavía más costoso que la propia reforma.
El diputado morenista defendió el cambio como parte de una transformación más amplia y aseguró que vendrán más modificaciones. Puede tener razones políticas para sostenerlo. Lo que resulta difícil de ignorar es el método: introducir mediante una reserva de última hora los artículos que alteran precisamente el reparto de las plurinominales.
Un legislador puede ganar una votación y perder una coalición. Puede conseguir que sus compañeros levanten la mano y, al mismo tiempo, conseguir que sus aliados nacionales levanten la ceja. Eso es lo que hoy ocurre.
La reforma todavía tendrá tribunales, argumentos constitucionales y procedimientos por delante. La política, en cambio, ya dictó su primera sentencia: el Verde se sintió traicionado, el PAN encontró munición, el PT estiró su distancia y Morena quedó obligado a explicar por qué una decisión local terminó rompiendo un acuerdo nacional.
Santos Antonio consiguió una reforma. El costo puede ser mucho mayor.
En política, los domingos también dejan factura.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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