CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hace poco más de un año, dos hombres firmaron el acta que hoy intentan borrar en los tribunales. El 9 de junio de 2025, en la sesión de la Junta Directiva del Issstezac asentada en el Acta 3664/085/2025 JDI, Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58 del SNTE, y Ernesto Macías Silva, dirigente del Sittez, avalaron que el Hotel Parador sirviera como dación en pago para saldar 315 millones de pesos que el Issstezac debía al Gobierno del Estado.
Trece meses después, ambos encabezan la ofensiva legal para revertir esa misma decisión. No importa tanto si cambiaron de opinión, sino qué obtuvieron con esa firma y quién les pasó después la cuenta.
El mecanismo que ambos describen ahora tiene nombre técnico: condicionamiento. Rodarte sostiene que la administración estatal ató cerca de 200 jubilaciones represadas, algunas con más de un año de retraso y casos de salud graves, a la aprobación del hotel.
Macías Silva agrega otra pieza: su aval también respondía a la promesa de pagar la prestación conocida como “Hora 32”, compromiso que el gobierno, dice, jamás cumplió.
Los dos describen el mismo patrón: un instituto quebrado convertido en instrumento de negociación, donde el derecho de los trabajadores se volvió moneda de cambio para obtener un voto.
Ese patrón no es nuevo en el Issstezac; lo novedoso ahora es quién lo denuncia. Los mismos líderes que hoy exhiben el condicionamiento como abuso fueron, en 2025, la garantía sindical que permitió ejecutarlo sin resistencia visible.
Hay un detalle que complica la versión de Rodarte. El 11 de octubre de 2024, meses antes de firmar el acta, él mismo había solicitado su jubilación. La Junta Directiva la resolvió a su favor el 22 de julio de 2025, apenas semanas después de su voto por el hotel, con una pensión mensual de 20 mil 16 pesos con 57 centavos. Rodarte insiste en que no se arrepiente: entre el edificio y los jubilados, eligió a las personas.
Puede ser cierto, aunque también es un hecho que él mismo pasó, casi al mismo tiempo, de negociar el acuerdo a cobrar sus propios beneficios.
Macías Silva construyó una salida distinta. En lugar de defender la decisión como un mal necesario, la declaró inválida por la puerta técnica: el expediente presentado ante la LXV Legislatura, asegura, carecía de firmas y de sustento documental completo.
Es un argumento que le conviene: le permite impugnar el resultado sin reconocer que su propia rúbrica, un año antes, forma parte del origen de ese expediente.
El escenario legislativo donde todo desembocó ya es conocido por quienes han seguido esta historia: la sesión del 6 de julio, trasladada al auditorio del Cozcyt tras el bloqueo del Congreso, resuelta por un solo voto, 15 contra 14.
Lo que no se ha contado con el mismo detalle es lo que ocurrió un año antes, en la Junta Directiva del Instituto, donde se decidió el destino del inmueble sin cámaras ni bloqueos, con dos firmas sindicales que hoy se presentan como arrancadas bajo presión.
El litigio que ambos promueven ahora busca la suspensión del decreto, la declaratoria de nulidad y un argumento de fondo: que la seguridad social no puede condicionarse a la insolvencia administrativa del instituto que la garantiza.
El 9 de julio, un juzgado de distrito ya ordenó acumular los amparos presentados, al reconocer identidad entre los actos reclamados. La ofensiva jurídica tiene, por ahora, más fuerza que la que tuvo la resistencia sindical en 2025.
Queda pendiente la pregunta que ninguno de los dos líderes ha respondido del todo: si el condicionamiento era tan evidente entonces, ¿por qué la firma llegó antes que la denuncia?
Rodarte Hernández y Macías Silva no inventaron el chantaje que hoy describen; lo padecieron, pero también contribuyeron a hacerlo posible. Ahí está la diferencia entre ser víctima de un mecanismo y ser, al mismo tiempo, quien ayudó a ponerlo en marcha.
El hotel terminará donde el todavía inquilino de La Casa de los Perros decida. Las firmas de 2025, en cambio, ya no se pueden retirar de ningún expediente.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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