CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Una camioneta sale del camino. Queda destrozada. Los jóvenes que viajan en ella sobreviven. La senadora Geovanna Bañuelos no iba ahí. Viajaba en otro vehículo, por la misma carretera del sur de Zacatecas.
Horas después diría algo que cambia la naturaleza del episodio: no fue un accidente, sostuvo; alguien habría provocado que su equipo saliera de la carretera.
No corresponde a una columna determinar si tiene razón. Corresponde a las autoridades investigar. Pero hay algo que sí corresponde decir desde ahora: si fue un atentado, Zacatecas acaba de cruzar una línea particularmente peligrosa rumbo a 2027.
Porque el calendario importa.
El incidente ocurrió el 7 de agosto, cuando siete personas ya disputan la coordinación que, en los hechos, será la carta de Morena, PT y Verde para la gubernatura. La encuesta todavía no tiene fecha pública. La competencia sigue abierta.
Geovanna Bañuelos es la única aspirante del Partido del Trabajo; Carlos Puente representa al Verde y cinco más compiten por Morena: Ulises Mejía Haro, Verónica Díaz, José Narro, Julia Olguín y Zaira Villagrana. Es decir: todavía no empieza formalmente la campaña y, sin embargo, el clima ya exige mirar hacia el camino que falta.
Hay que tener cuidado con las palabras. Una denuncia no es una sentencia. Una sospecha no es una prueba. Y convertir un hecho todavía bajo investigación en una acusación contra adversarios políticos sería tan irresponsable como minimizarlo.
Pero tampoco sería responsable tratarlo como una simple volcadura.
La propia senadora afirma que el conductor y el acompañante hablaron de una maniobra deliberada para sacarlos de la carretera. El diputado federal Alfredo Femat Bañuelos respaldó esa versión y pidió la intervención de las autoridades federales. El Partido del Trabajo hizo lo propio.
El todavía inquilino de La Casa de los Perros finalmente habló y sus palabras abrieron otra arista. Llamó a Geovanna Bañuelos a denunciar y pidió esperar los peritajes, pero también advirtió sobre los llamados “autoatentados” y acusó que “a veces la politiquería así es”.
Dijo que, hasta donde tenía conocimiento formal la autoridad, se trataba de un accidente.
Y luego dejó una frase todavía más delicada: si realmente hubo un atentado, preguntó, “¿por qué atentaron contra ellos?”; enseguida remató: “¿en qué andan metidos o qué pasó como para que estén sucediendo esas cosas?”.
En un asunto que exige investigación y prudencia, el gobernador David Monreal tiene derecho a pedir pruebas. Lo que resulta preocupante es que, antes de que una autoridad determine qué ocurrió, la sospecha parezca desplazarse hacia quienes denuncian.
Y mientras tanto, queda una pregunta suspendida sobre el asfalto: ¿qué ocurrió realmente aquella mañana?, algo que no puede quedarse en redes sociales. Necesita una investigación seria y sin filtros políticos.
Más aún porque el episodio ocurre en un estado que acaba de atravesar semanas especialmente difíciles. El 18 de julio, un multihomicidio volvió a colocar a Zacatecas frente a una violencia que nuestro inquilino calificó como “barbarie”.
Apenas dos semanas después, el equipo de una de las aspirantes a sucederlo denuncia haber sido obligado a abandonar la carretera.
Una cosa no demuestra la otra. No hay evidencia, hasta ahora, para establecer una conexión. Pero ambas pertenecen al mismo paisaje de inseguridad y, por eso conviene leerlas juntas.
La memoria también tiene derecho a sentarse en esta mesa.
En 2024, Zacatecas ya ofreció una señal que no debería olvidarse. Alrededor de 200 a 217 mujeres renunciaron a candidaturas, según reportes del INE. Hubo también renuncias de hombres. Hubo explicaciones distintas: unas hablaban de inseguridad, otras de violencia política; también hubo quien lo atribuyó a cálculos del propio partido.
Las autoridades electorales llegaron a rechazar que la inseguridad fuera la causa. Pero el hecho permaneció: cientos de personas abandonaron una competencia electoral antes de llegar a las urnas.
Eso es lo que hace peligrosa la violencia política. No necesita llenar las calles de cadáveres para modificar una elección. A veces basta con que consiga que alguien no salga a territorio.
Que una candidata cancele una gira. Que un equipo cambie de ruta. Que una familia pida que no continúe. Que un aspirante calcule el costo de hablar. Que un partido prefiera no arriesgar.
El crimen, cuando pretende intervenir en política, no siempre necesita poner una boleta en una urna. Puede intentar influir antes: condicionando quién llega y quién prefiere quedarse fuera.
México ya lo vio durante el proceso electoral de 2023-2024. El monitoreo “Votar entre Balas”, elaborado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, documentó 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas atacadas presuntamente por el crimen organizado: 34 fueron asesinadas, 40 sobrevivieron a atentados, 32 recibieron amenazas tangibles y 10 fueron secuestradas. Más de 43 millones de personas estuvieron expuestas a violencia política durante 2023.
Las cifras oficiales fueron mucho menores, ocho homicidios de candidatos registrados, contra los 34 que documentaron las organizaciones civiles. Esa diferencia también importa. Porque cuando el Estado cuenta menos muertos y menos ataques de los que registran organizaciones independientes, no desaparece la violencia. Desaparece una parte de ella de la conversación pública.
Y eso es precisamente lo que Zacatecas no puede permitirse otra vez.
El proceso de 2027 todavía está en una etapa temprana. No hay candidaturas ni campañas formales todavía. Pero ya existe algo que puede ser más difícil de recuperar después: la confianza de quienes tendrán que recorrer comunidades y pedir el voto.
Por eso la investigación sobre lo ocurrido con el equipo de Geovanna Bañuelos no es un asunto partidista.
No debería importar si la víctima pertenece al PT, a Morena, al Verde, al PAN, al PRI o a cualquier otra fuerza.
Si alguien intentó sacar de la carretera a un equipo político, el problema no es de una candidata. Es de la democracia.
Y si no fue así, eso también hace falta averiguarlo.
Porque la verdad no puede depender del partido que la necesita ni del gobierno al que incomoda.
Zacatecas ya conoce el precio del miedo. Lo grave sería que volviera a cobrarlo en 2027.
La democracia también se pierde cuando el miedo consigue que nadie quiera salir a carretera.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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