CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El Congreso de Zacatecas abrió este domingo una puerta que difícilmente podrá cerrarse con un discurso de unidad. En unas horas, 12 diputaciones que parecían destinadas a repartirse con una fórmula conocida quedaron sujetas a una nueva ingeniería electoral.
No cambió el número de curules: seguirán siendo 30, 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Cambió algo más delicado: quién tendrá posibilidades de sentarse en esas 12 sillas y bajo qué reglas.
La sesión extraordinaria, presidida por la diputada morenista Imelda Mauricio Esparza, comenzó con un dictamen que parecía tener una ruta definida.
La iniciativa de la también morenista y migrante María Dolores Trejo Calzada, presentada desde el 3 de junio de 2025, proponía proporcionalidad pura: cociente natural y resto mayor. Un mecanismo menos barroco, diseñado para que los votos se tradujeran en escaños con mayor claridad. El dictamen obtuvo 16 votos a favor y 11 en contra.
Pero el domingo legislativo tenía otra historia.
Durante la discusión en lo particular, después de que el Pleno rechazara una reserva de Ana María Romo Fonseca, de Movimiento Ciudadano, apareció la modificación de Santos Antonio González Huerta, de Morena.
Seis artículos cambiaron de rumbo. La proporcionalidad pura quedó atrás y nació la llamada Lista Definitiva, formada por dos listas que deberán intercalarse: seis fórmulas designadas por los partidos y seis candidaturas derrotadas en sus distritos, pero con los porcentajes más altos de votación dentro de sus respectivas fuerzas políticas.
La reserva pasó con 17 votos a favor y 12 en contra. Ahí está el corazón de la disputa.
González Huerta defendió la fórmula con un argumento políticamente atractivo: que los plurinominales dejen de ser exclusivamente una decisión de las dirigencias y que quienes aspiren a entrar por la Lista B tengan que salir a la calle, tocar puertas, pedir votos. En teoría, es una manera de acercar la representación proporcional al ciudadano.
En la práctica, sus críticos ven otra cosa.
Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI y diputado, llamó a la maniobra una simulación y un engaño. Renata Ávila Valadez, del PT, habló de un “agandalle político” destinado a fabricar mayorías sin necesidad de negociar.
Ana María Romo Fonseca, de Movimiento Ciudadano, acusó que se golpean los equilibrios democráticos. Y Dayanne Cruz Hernández, priista, puso sobre la mesa una pregunta que podría terminar en los tribunales: si la Constitución local habla de una sola lista plurinominal, ¿puede una ley secundaria convertirla en dos?
El artículo 51 constitucional establece 12 diputaciones de representación proporcional y el 52 habla expresamente del orden de los candidatos en la lista correspondiente.
Hay además una grieta incómoda dentro de la oposición. David González Hernández, priista y diputado de mayoría relativa, fue señalado por haber acompañado previamente el dictamen en comisiones. La política zacatecana, como suele ocurrir, también tiene memoria selectiva.
Movimiento Ciudadano, por voz de su dirigente estatal Juan del Real, anunció acciones de inconstitucionalidad. Y la controversia saltó de inmediato a la arena nacional.
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó a Morena de un “albazo exprés” para apropiarse de espacios que no ganó en las urnas.
Pero la declaración que más debería preocupar al oficialismo vino de un hombre que conoce perfectamente el tablero de la coalición: Carlos Puente Salas.
El diputado federal del Verde Ecologista no utilizó eufemismos. Dijo que sesionar en domingo para modificar las reglas electorales, justo cuando se aproxima el proceso de 2027, es delicado. Llamó a la reforma “un parche” que puede afectar la competitividad y la equidad entre las fuerzas políticas.
Advirtió incluso sobre el riesgo de caminar hacia un escenario parecido al “club de los binominales”, donde las mayorías terminan reduciendo la pluralidad.
Y Puente fue más lejos.
Recordó que Morena, PVEM y PT ya trabajan como coalición rumbo a 2027 y pidió diálogo para definir qué alianza quieren construir. También recordó que el Verde no acompañó la reforma electoral federal presentada meses atrás y que existen antecedentes de modificaciones locales que terminaron enfrentando obstáculos constitucionales.
No es una declaración menor.
Porque mientras Santos González sostiene que la reforma devuelve poder al ciudadano, Carlos Puente advierte que puede quitarle pluralidad al Congreso.
Mientras Morena presume una herramienta para premiar a quienes realmente compitieron en las calles, sus aliados nacionales piden no cambiar las reglas del juego sin consenso.
Y en medio están los diputados. Imelda Mauricio, conduciendo la sesión; María Dolores Trejo, cuyo proyecto original fue desplazado; Santos González, convertido en arquitecto de la nueva fórmula; Ana María Romo, Dayanne Cruz, Carlos Peña y Renata Ávila, desde trincheras distintas, denunciando el cambio; David González, atrapado en la contradicción; y una Legislatura que ahora deberá explicar por qué una reforma pensada para hacer más transparente el reparto terminó convertida en una batalla sobre quién controla el reparto.
La norma todavía tendrá que caminar por el terreno jurídico. Entrará en vigor con su publicación oficial y la Legislatura tendrá 60 días para adecuar la legislación orgánica del Instituto Electoral.
La paradoja es sencilla. Si una reforma electoral necesita cambiarse en el último tramo, discutirse en domingo y provocar que un aliado nacional pida diálogo, quizá el problema no estaba en la fórmula. Estaba en la confianza.
Bien lo sabemos, las reglas electorales pueden cambiar. Lo que no debería cambiar, a mitad del juego, es la sensación de que alguien ya conoce el marcador.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
BIO completa