CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En política, los informes suelen parecerse demasiado entre sí: fotografías, cifras, aplausos y una larga lista de verbos en pasado. Se hizo. Se gestionó. Se impulsó. Se atendió. El problema es que detrás de cada verbo suele faltar alguien. Una persona. Una familia. Una víctima.
En el segundo informe de Isadora Santivañez Ríos ocurre algo distinto: buena parte de los números tienen rostro.
No hace falta convertirla en heroína para reconocerlo. Tampoco sería justo. Una diputada no cambia por sí sola la realidad de un estado y una reforma publicada en el Periódico Oficial no garantiza, por sí misma, que una mujer esté a salvo o que una familia encuentre justicia.
La ley puede abrir una puerta. Lo difícil es conseguir que del otro lado haya instituciones capaces de cruzarla.
Pero también hay que decir lo que corresponde.
En este segundo año legislativo, Santivañez Ríos presentó 14 iniciativas; nueve fueron aprobadas y siete ya están publicadas como reformas vigentes. Son datos verificables, pero todavía dicen poco. Lo interesante está en aquello que decidió poner sobre la mesa.
Violencia económica. Violencia vicaria. Abuso sexual infantil. Intimidad sexual. Violencia política contra las mujeres, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.
Responsabilidad parental. Convivencias cuando existe riesgo para niñas, niños y adolescentes. Persecución de la violencia familiar.
No son asuntos cómodos. Tampoco son temas que se resuelvan con una fotografía en tribuna.
La violencia vicaria, por ejemplo, dejó de ser para ella una definición jurídica distante. En abril, al defender las reformas correspondientes, relató en el pleno que sus propios hijos habían sido sustraídos por su padre y que, al acudir inicialmente a denunciar, recibió una respuesta que reducía el problema a una pregunta brutalmente sencilla: si los niños ya habían regresado, entonces no había delito que perseguir.
Ahí se entiende mejor una parte de su agenda.
No se trata solamente de legislar sobre mujeres. Se trata de reconocer las formas en que el poder puede ejercerse dentro de una familia, incluso utilizando a los hijos como instrumento de control.
La reforma aprobada por unanimidad sobre violencia vicaria intenta precisamente que esa conducta tenga una respuesta jurídica.
Y luego están las infancias.
En Zacatecas, como en tantos lugares, los niños suelen aparecer en las leyes como sujetos de protección y en la realidad como los últimos en ser escuchados.
Santivañez ha llevado al Congreso asuntos relacionados con la suspensión de convivencias cuando existe riesgo, responsabilidad parental y mayores sanciones frente a delitos sexuales contra menores.
También miró hacia un territorio relativamente nuevo y todavía oscuro: el de la violencia digital. La inteligencia artificial ya permite fabricar imágenes íntimas falsas y utilizarlas para humillar, extorsionar o destruir reputaciones.
La legislación local comenzó a responder a esa amenaza mediante reformas vinculadas con la llamada Ley Olimpia.
Pero quizá el episodio que mejor resume estos dos años no está en una iniciativa individual. Está en una búsqueda.
El 17 de septiembre, el Congreso aprobó por unanimidad la nueva Ley en materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para Zacatecas. Santivañez presidió la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito que trabajó en el proceso, junto con la Fiscalía y, sobre todo, con colectivos de familias buscadoras.
Eso importa porque una ley de búsqueda no debería comenzar en un escritorio. Tendría que comenzar en una familia que lleva años buscando.
La nueva legislación incorpora la participación de las familias en las acciones de búsqueda e investigación, fortalece responsabilidades institucionales y establece mecanismos de coordinación entre distintas autoridades. La construcción del ordenamiento incluyó a colectivos de búsqueda, Fiscalía, organismos de derechos humanos y otras instituciones.
Y aquí conviene detenerse.
Porque legislar sobre desaparecidos significa aceptar algo que ningún gobierno quiere admitir: que mientras una familia busca, el Estado tiene la obligación de buscar también.
Con eso, un informe legislativo deja de ser un simple inventario.
Santivañez ha sido una de las voces más combativas de la LXV Legislatura. Lo ha sido desde la oposición y desde una comisión particularmente incómoda: la de Seguridad Pública.
Ha cuestionado cifras, ha exigido respuestas y ha empujado asuntos que rara vez producen aplausos fáciles. Pero su valor no está en hablar más fuerte. Está en haber convertido conflictos concretos en asuntos legislativos.
Eso tampoco la exime de la prueba más difícil.
Una reforma debe sobrevivir a la ceremonia de aprobación. Debe llegar a la Fiscalía, al juzgado, a la policía, a la escuela, a la familia. Debe funcionar cuando una madre denuncia, cuando una niña pide ayuda, cuando alguien desaparece y alguien más decide buscarlo hasta encontrarlo.
El segundo informe de Isadora Santivañez, visto así, no es tanto una colección de logros: es una pregunta dirigida al poder mismo, ¿qué pasa con la ley cuando se apaga el aplauso?
La respuesta no está en el informe. Está en la vida de quienes algún día necesiten que esas leyes funcionen. Legislar es la parte fácil. Que la ley proteja a alguien, en los hechos, es la que de verdad cuesta.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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