Zacatecas, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos presentó un punto de acuerdo ante el Senado de la República para exhortar al Congreso de Zacatecas a incrementar el presupuesto destinado al apoyo del diésel. La iniciativa busca que el Poder Legislativo local amplíe la cobertura de los programas actuales para proteger a los sectores agrícola y de transporte frente a la escalada de los precios internacionales del petróleo derivada del conflicto en Irán.
La propuesta de la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo responde a la vulnerabilidad de la economía zacatecana, cuya seguridad alimentaria y competitividad dependen del uso intensivo de combustibles. El incremento en los insumos básicos, impulsado por la inestabilidad en el Medio Oriente, impacta directamente en los costos de operación de maquinaria y distribución de productos. Según la legisladora, resulta indispensable que el Estado asuma una responsabilidad activa para evitar que los productores y transportistas carguen de forma individual con los efectos de una crisis energética global.
El planteamiento ante la Cámara Alta incluye una solicitud de reforma constitucional en el ámbito local para que los apoyos al campo adquieran un carácter permanente y progresivo. Con esta medida, se pretende desvincular la asistencia económica de las variaciones presupuestarias anuales, garantizando un piso mínimo de protección jurídica para quienes trabajan la tierra. La senadora subrayó que Zacatecas, como uno de los principales productores de alimentos básicos en México, requiere de un marco legal que asegure la continuidad de estos subsidios independientemente de la coyuntura política.
Asimismo, el punto de acuerdo exige un ejercicio de rendición de cuentas a las secretarías del Campo, Economía y Finanzas del Gobierno de Zacatecas. La legisladora solicitó un informe pormenorizado que detalle el número de beneficiarios, los montos asignados y los criterios de elegibilidad de los apoyos vigentes. Esta petición de transparencia surge ante la insuficiencia de información pública que permita evaluar el impacto real de las políticas implementadas y asegurar que los recursos lleguen de manera equitativa a todas las regiones de la entidad. El documento ha sido turnado a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia para su análisis.
LNY| Redacción