miércoles, octubre 22, 2025
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Geovanna Bañuelos exige a Pemex reforzar seguridad en ductos

Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex) un fortalecimiento inmediato de la seguridad en la red nacional de ductos. La legisladora presentó un punto de acuerdo en donde argumentó su postura con los graves riesgos de seguridad y las pérdidas fiscales que genera el huachicoleo.

La iniciativa solicita acciones específicas de mantenimiento e implementación de tecnologías de monitoreo. El documento también conmina a la Sedena y a la Guardia Nacional a reforzar la vigilancia en zonas de alta incidencia. La petición busca garantizar la protección de las instalaciones estratégicas y de las comunidades aledañas.

El robo de hidrocarburos constituye un grave problema de seguridad energética y finanzas públicas. Este delito genera pérdidas millonarias para el Estado mexicano. El fenómeno tiene un alto costo social, ejemplificado por la tragedia de Tlahuelilpan en 2019. Aquel incidente causó la muerte de 137 personas.

La senadora Bañuelos reconoció los avances recientes del Gobierno de México en esta materia. Las autoridades desarticularon una importante organización criminal en junio de 2025. Un operativo coordinado en septiembre logró desmantelar otra red de contrabando. Estos esfuerzos combinan operativos de seguridad con inteligencia financiera.

La legisladora señaló la naturaleza estructural del problema. Las regiones con mayor incidencia de tomas clandestinas padecen marginación y falta de oportunidades económicas. La solución requiere por tanto un enfoque integral que trascienda lo penal. Bañuelos propuso combinar desarrollo regional, creación de empleos e inversión social.

El llamado incluye un fortalecimiento institucional y un combate frontal a la corrupción. La estrategia debe integrar el uso de tecnologías de monitoreo de última generación. La coordinación entre Pemex, Sener, Sedena, Guardia Nacional, FGR y gobiernos locales es fundamental. El robo de hidrocarburos representa un desafío multidimensional para el Estado de derecho mexicano.

LNY | Redacción

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