TANIA LIBERTAD SÁNCHEZ ROMERO
El cuidado y la seguridad personal de las y los estudiantes de nivel medio superior constituyen un eje prioritario en los sistemas educativos contemporáneos, no sólo por su impacto inmediato en la integridad física y emocional, sino por su incidencia directa en los procesos de aprendizaje y en la formación integral del individuo.
Este nivel educativo representa una etapa de transición decisiva, donde las y los jóvenes consolidan su identidad, fortalecen su autonomía y construyen proyectos de vida; por ello, garantizar entornos seguros es una responsabilidad ineludible de las instituciones educativas y de la comunidad en su conjunto.
Diversos estudios han demostrado que los ambientes escolares seguros favorecen el rendimiento académico, la permanencia escolar y el bienestar socioemocional (UNESCO, 2019). La seguridad no se limita a la infraestructura o a los protocolos de protección civil, sino que abarca la prevención de violencias, el acompañamiento emocional y la generación de climas de convivencia basados en el respeto y la inclusión. En este sentido, la escuela se configura como un espacio protector que debe anticiparse a factores de riesgo sociales, familiares y comunitarios.
El papel de madres y padres de familia resulta igualmente determinante.
La corresponsabilidad educativa implica mantener canales de comunicación permanentes con la escuela, supervisar conductas de riesgo y fortalecer valores como el autocuidado y la toma responsable de decisiones.
Como señala Epstein (2018), la participación familiar activa se asocia significativamente con mejores indicadores de seguridad y ajuste escolar.
Por su parte, las y los docentes no sólo transmiten conocimientos, sino que fungen como agentes de detección temprana y orientación. Su cercanía cotidiana con el estudiantado les permite identificar señales de alerta vinculadas con violencia, acoso, consumo de sustancias o afectaciones emocionales.
Desde el enfoque de la educación integral, su intervención oportuna puede canalizar apoyos institucionales y evitar trayectorias de riesgo (Ortega-Ruiz & Del Rey, 2017).
El cuidado y la seguridad personal del estudiantado de nivel medio superior demandan una acción articulada entre escuela y familia.
Sólo mediante el trabajo colaborativo será posible consolidar entornos protectores que garanticen no sólo el acceso a la educación, sino el desarrollo pleno, digno y seguro de nuestras y nuestros jóvenes.
Sobre la Firma
Médica y académica, actualmente dirige la Unidad Académica Preparatoria de la UAZ
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