JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Cuando una pareja se separa, las obligaciones hacia sus hijas e hijos no terminan. La pensión alimenticia es un derecho de niñas, niños y adolescentes y una responsabilidad de quienes deben contribuir a su manutención. No se trata solamente de comida: comprende también aspectos como vestido, habitación, atención médica y educación.
Sin embargo, entre el reconocimiento de ese derecho y su cumplimiento existe, para muchas familias, una distancia que puede ser difícil de recorrer. Una sentencia puede establecer una pensión, pero si quien está obligado a pagar incumple, oculta sus ingresos o simplemente deja de hacerlo, comienza otro proceso: buscar información, acreditar lo ocurrido y acudir ante las autoridades para exigir que una resolución se cumpla.
Aquí es donde el acceso a la información adquiere una dimensión que va más allá de la transparencia administrativa. La información puede convertirse en una herramienta para ejercer otros derechos.
Hace dos años abordé, desde el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un caso que mostraba precisamente esta relación entre derechos. Una mujer buscaba acceder a información relacionada con una resolución judicial en materia familiar, después de no recibir los depósitos de la pensión alimenticia ordenada para su hijo. La institución responsable ya tenía conocimiento del asunto y, sin embargo, fue necesario recurrir a las herramientas de acceso a datos personales para intentar destrabar un trámite que debía atenderse.
Hoy, aquella resolución debe entenderse como un antecedente, no como el centro de la discusión. El INAI dejó de existir en marzo de 2025 y el modelo institucional de transparencia y protección de datos personales fue modificado. Pero el derecho que estaba detrás de aquel caso permanece: las personas necesitan información para defender otros derechos y las instituciones tienen la obligación de generar, conservar y proporcionar aquella que corresponda conforme a la ley.
Además, actualmente contamos con una herramienta que no existía cuando ocurrió aquel caso: el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). Creado para concentrar información sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias, permite consultar la situación registrada de las personas deudoras y obtener certificados de no inscripción. Los tribunales de las entidades federativas son responsables de suministrar y actualizar la información que alimenta este sistema.
El RNOA parte de una premisa sencilla: para hacer cumplir una obligación también es necesario contar con información confiable sobre su cumplimiento o incumplimiento. Pero su existencia no resuelve por sí misma el problema. Su utilidad depende de que las autoridades incorporen, actualicen y transmitan oportunamente la información correspondiente, y de que las personas conozcan que existe esta herramienta y sepan cómo utilizarla.
También debemos recordar que el acceso a la información tiene límites cuando están involucrados datos personales.Que una información sea relevante para la sociedad no significa que todos los datos de una persona deban quedar expuestos sin restricciones. El reto consiste en encontrar el equilibrio entre la transparencia necesaria para hacer efectivos los derechos y la protección de la privacidad de las personas.
Esta relación es especialmente importante cuando hablamos de mujeres que enfrentan solas las responsabilidades de crianza. El incumplimiento de una obligación alimentaria no afecta únicamente el bolsillo de quien tiene a su cargo a los hijos; puede profundizar desigualdades y trasladar a una sola persona una responsabilidad que debe ser compartida.
La legislación mexicana reconoce, además, que la violencia contra las mujeres puede ser económica y patrimonial, y contempla medidas relacionadas con las obligaciones alimentarias. Por ello, hablar de pensiones alimenticias también es hablar de igualdad, de justicia y de la protección de niñas, niños y adolescentes.
Y en ese camino, la información importa.
Importa saber qué autoridad tiene un expediente, qué resolución fue emitida, qué trámite corresponde, qué información puede solicitarse, dónde se encuentra registrada y qué mecanismos existen para reclamar cuando una obligación no se cumple.
La información no sustituye a la justicia, pero la información puede ser el puente que permita a una persona conocer sus derechos, documentar un incumplimiento y acudir ante la autoridad correspondiente.
Cuando una madre busca que sus hijos reciban una pensión que ya fue determinada judicialmente, no está pidiendo un privilegio. Está buscando que se cumpla un derecho. Y para que ese derecho deje de estar solamente escrito en una resolución, también necesitamos instituciones que produzcan información confiable, mecanismos que permitan consultarla y autoridades capaces de actuar cuando una obligación es incumplida.
Porque detrás de cada expediente, cada registro y cada dato hay una historia familiar. Y detrás de una pensión alimenticia que no llega, hay niñas, niños y adolescentes cuyos derechos no pueden quedar suspendidos por la falta de información, de coordinación institucional o de cumplimiento.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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