ALDO PELÁEZ
En México, el debate sobre el agua debería ser un espacio de diálogo técnico, social y humano. Sin embargo, la reciente Ley de Aguas Nacionales aprobada por el Gobierno Federal ha encendido alertas en varios sectores, especialmente entre los productores del campo, quienes una vez más quedan al margen de las decisiones que impactan directamente su modo de vida.
La narrativa oficial vende esta ley como una modernización necesaria para “ordenar” el uso del agua y enfrentar el futuro. Pero en su contenido real, la norma contiene profundas inconsistencias, vacíos y riesgos que pueden traducirse en una afectación directa a la productividad agrícola, a la seguridad alimentaria y a la estabilidad económica de regiones enteras.
Los contras que no se quieren reconocer
- Centralización excesiva del control del agua
La ley concentra aún más poder en la autoridad federal, reduciendo la capacidad de gestión local e ignorando por completo las condiciones particulares de cada región. Los usuarios, especialmente los pequeños y medianos productores, quedan sujetos a decisiones tomadas desde un escritorio lejano, sin participación real en la definición de reglas o cuotas. - Incertidumbre para la producción agrícola
Las nuevas disposiciones sobre concesiones y volúmenes disponibles abren la puerta a revisiones discrecionales. En el campo, la incertidumbre no es un detalle menor: sin agua asegurada, no hay planeación, no hay inversión y no hay cosecha. La ley, en lugar de ofrecer certeza, incrementa la vulnerabilidad. - Penalización desproporcionada al sector productivo
Se endurecen sanciones y cargas administrativas sin ofrecer mecanismos de apoyo, de tecnificación o de acompañamiento. Se trata al productor como presunto depredador del recurso, y no como lo que realmente es: el principal gestor del territorio y actor indispensable para garantizar alimentos. - Falta de visión integral de largo plazo
Hablan de sustentabilidad, pero no se incorporan políticas de recarga de acuíferos, incentivos para modernización de riego, programas de cultura hídrica o esquemas que integren a las comunidades en la gestión del agua. La ley se enfoca más en prohibir que en construir soluciones.
Los productores: quienes sostienen la tierra y a México
Es indispensable decirlo con claridad: los productores de Zacatecas y del país no están pidiendo privilegios; están exigiendo justicia, certeza y respeto.
Ellos saben mejor que nadie el valor del agua. Son quienes enfrentan la sequía, quienes arriesgan su capital, quienes cargan con la producción de alimentos que millones de familias consumen cada día. No se les puede imponer una ley diseñada sin escuchar su experiencia y sin comprender la realidad del campo.
Respaldar a los productores no es una postura política; es una postura responsable. Es defender la soberanía alimentaria, la economía regional y el futuro de miles de familias que dependen de la agricultura y la ganadería. Es entender que sin ellos, México no come.
Hacia una verdadera regulación del agua
Si queremos una ley que realmente resuelva el problema hídrico, debe construirse con tres principios fundamentales:
Participación directa de los usuarios reales del agua, especialmente los productores.
Certidumbre jurídica y técnica, que permita seguir produciendo sin temor a decisiones discrecionales.
Políticas públicas basadas en ciencia, no en ocurrencias, que impulsen la eficiencia, la recarga y la protección del recurso.
La regulación del agua es urgente, sí. Pero debe ser una regulación justa, equilibrada y construida de la mano de quienes han cuidado la tierra por generaciones.
Hoy, más que nunca, es momento de cerrar filas con los productores y exigir que la voz del campo también tenga peso en las leyes que marcarán el futuro de México.
Sobre la Firma
Dirigente estatal del PAN en Zacatecas, abogado y maestro en Derecho
aldopm1988@gmail.com
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