RAFAEL CANDELAS SALINAS
“2 de octubre no se olvida”. La frase se repite año con año, como eco de una lucha legítima por libertad, justicia, democracia, dignidad y respeto a los derechos humanos. Aquellos jóvenes que marcharon en 1968 se enfrentaron a un Estado autoritario que respondió con violencia brutal. Muchos de esos jóvenes —o quienes se inspiraron en ellos— hoy nos gobiernan. Por eso, más allá de la memoria, deberían recordar por qué lucharon, y actuar con congruencia y responsabilidad.
Sin embargo, los hechos del pasado 2 de octubre en la Ciudad de México muestran una realidad muy distinta, que se ha desvirtuado el espíritu de la marcha para convertirse en una oportunidad para delinquir con total impunidad. Durante la marcha conmemorativa, grupos de encapuchados vestidos de negro aprovecharon la movilización para provocar destrozos, para robar, agredir a ciudadanos y a policías, lanzar petardos y generar caos. María Fernanda Islas, representante de los comerciantes de la calle Madero en la Ciudad de México, señala que, tras los disturbios, 14 joyerías perdieron entre seis y ocho millones de pesos cada una en joyería, más los daños a los comercios. El saldo oficial: 94 policías heridos, varios de ellos de gravedad.
Pero lo más grave no fueron solo los actos violentos, sino la falta de previsión y la inacción deliberada de las autoridades. La policía, que desde antes vio cómo iban llegando los grupos del llamado “bloque negro”, como llenaban los bidones de gasolina y cómo venían preparados con herramientas para generar daño, no se defendió, no contuvo, no disuadió, sólo se replegó. No por cobardía, sino porque esas son las instrucciones que reciben de sus superiores. La responsabilidad no es de los policías, sino de quienes los mandan, de quienes tienen la obligación constitucional de garantizar el orden y proteger los derechos de todos.
Hace unos días lo decíamos: en este país, basta ponerse de negro, cubrirse el rostro con un antifaz y una capucha, para actuar, no con libertad, sino con absoluta impunidad. Lo vemos una y otra vez, contra los que se manifiestan pacíficamente si hay consecuencias, se les reprime o les quitan sus pancartas, sus señalamientos, sus muros de protesta como sucedió con las madres buscadoras, pero con los que agreden, con los que violentan, con los que dañan comercios, monumentos o lesionan a policías, no hay consecuencias, no hay aplicación de la ley, no hay Estado de Derecho efectivo.
Y lamentablemente, esta permisividad no se limita a las marchas. En la vida diaria también impera la prepotencia con unos y la ausencia de autoridad con otros. “Según el sapo es la pedrada” dice el dicho. Pues mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, libra una lucha frontal contra algunos ámbitos de la delincuencia, en Zacatecas, la noche de este 2 de octubre y la madrugada del viernes tres, cientos de automovilistas quedaron varados por los bloqueos de carreteras que paralizaron el estado. Según reportes oficiales, 34 camiones fueron incendiados y una persona falleció —aparentemente por un infarto fulminante— a causa de estos hechos.
Sin embargo, no hubo un solo detenido. Nadie ha informado oficialmente quiénes fueron los responsables, por qué ocurrió, qué medidas se tomarán o cómo se reparará el daño causado. Un daño que no es menor: transportistas que perdieron parte de su patrimonio y mercancías; pasajeros varados; un grupo de jóvenes de Chihuahua que tuvieron que ser rescatados por autoridades de ese estado; camiones de pasajeros que no pudieron llegar a su destino y que tuvieron que regresar a sus puntos de origen; personas que no pudieron llegar a trabajar o perdieron vuelos; y pérdidas económicas superiores a 15 millones de pesos, según la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos.
Un estado entero paralizado… y silencio institucional.
La Constitución protege el derecho a la libre manifestación, sí, pero también establece límites claros, ese derecho termina donde comienzan los derechos de los demás. Y aquí no solo se están vulnerando derechos y se están negando otros derechos fundamentales como lo es la libertad de tránsito, también se están cometiendo delitos. Agresiones a policías, saqueos, robos, daños a propiedad privada… y frente a ello, una autoridad que, en nombre de la “no represión” y a falacia de no haber caído en la provocación, renuncia a aplicar la ley.
Y aquí surge la gran contradicción: quienes alguna vez protestaron contra un régimen represor, hoy, en el poder, tampoco garantizan justicia ni legalidad. No reprimen (a algunos), pero tampoco protegen. No violentan directamente (a algunos), pero permiten la violencia de otros. Mientras tanto, los ciudadanos, los comerciantes, los policías heridos, los empresarios afectados quedan desprotegidos. Sus derechos no aparecen en los discursos oficiales que se limitan a repetir una y otra vez, cada mañana, que vamos bien.
2 de octubre no se olvida. Pero si se gobierna con omisión, si se permite que la violencia campee sin consecuencias, si se protege más a los encapuchados que a los ciudadanos… entonces la consigna ya no es “nunca más”, sino:
¡Viva la impunidad!
Nos leemos el próximo miércoles con más de El Dedo en la Llaga.
Sobre la Firma
Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
rafaelcandelas77@hotmail.com
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