AURELIO GAITÁN
En el corazón de la capital zacatecana, donde se supone que se gestiona la política social del municipio, hay 50 trabajadores del DIF que llevan más de un mes sin cobrar un solo peso. Desde julio, sus salarios han sido retenidos sin explicación ni aviso. Mientras tanto, el alcalde Miguel Varela Pinedo se dice “desinformado” y les pide que se acerquen “con confianza” para aclarar la situación.
Pero la confianza no se impone cuando se gobierna desde el olvido.
Los empleados afectados, contratados sin base y algunos con hasta 20 años de antigüedad, han preferido guardar el anonimato. Temen represalias por parte del propio DIF y del Ayuntamiento capitalino. No solo se trata de salarios retenidos: también denuncian amenazas veladas de despido si alzan la voz. Una doble violencia institucional.
Varela Pinedo intenta suavizar la crisis sugiriendo que tal vez sus contratos “ya vencieron” y que “no se renovaron”, aunque también afirma que la nómina “se ha pagado completa”. Contradicciones que no resuelven la crisis económica de decenas de familias.
La presidenta honorífica del DIF, y diputada local, Karla Estrada García, guarda silencio. Una omisión más en una administración donde el discurso de bienestar se cae frente a la precariedad de quienes lo sostienen.
El DIF, cuyo mandato es proteger a los más vulnerables, hoy vulnera a su propio personal. El incumplimiento del salario, acompañado de intimidaciones, no es solo una falla administrativa: es una afrenta a los derechos laborales y a la dignidad humana.
En Zacatecas, la solidaridad institucional no puede ser un eslogan vacío. Si el DIF abandona a sus trabajadores, ¿qué esperanza queda para el resto?
Dos casos, dos jóvenes, dos municipios
Las desapariciones en Zacatecas no se detienen. Esta vez, la tragedia tiene rostro joven y geografía compartida: dos casos en Vetagrande, dos más en Fresnillo. Cuatro hombres, todos menores de 35 años, se suman al archivo sin respuestas de la Fiscalía.
En Santa Rita, comunidad del municipio de Vetagrande, el 30 de julio desaparecieron Manuel Alejandro Ambriz Pérez e Ismael Bra Sánchez. Tenían seis días sin ser localizados al momento de que sus fichas fueron difundidas. Se trata de un caso doble, pero no aislado.
Manuel Alejandro, de apenas 22 años, es descrito por la Fiscalía con una estatura de 1.86 metros, complexión robusta, tez blanca, ojos grandes de color negro, cabello lacio del mismo tono y un lunar en el brazo izquierdo. Vestía de manera desconocida al momento de su desaparición. Su rostro serio y juvenil contrasta con la gravedad del cartel que ahora circula.
Iba acompañado por Ismael Bra Sánchez, de 34 años, según consta en la misma ficha. Él mide 1.62 metros, es de tez blanca, ojos cafés medianos, nariz chata y cabello castaño corto, ondulado. Como seña particular, presenta un absceso en la parte trasera de la cabeza. Llevaba una playera gris, pantalón de mezclilla azul, botas cafés y una cachucha gris.
Ambos fueron vistos por última vez juntos, en la misma comunidad. Dos edades, dos trayectorias, un destino incierto. Lo único que permanece es la opacidad institucional.
A estos casos se suman los de Néstor Chávez Pasillas, de 22 años, y Cristian Jesús Cisneros Favela, de 23, reportados como no localizados en Río Florido, Fresnillo, el 2 de agosto. Del primero se sabe que tiene varios tatuajes visibles en brazos y pecho, entre ellos los nombres “Esther” y “Ernesto”. Vestía pantalón gris, chaleco y tenis negros. El segundo usaba pantalón negro, sudadera y cachucha del mismo color. Ambos son de complexión delgada y ojos color café.
Cuatro desaparecidos en menos de una semana. Dos municipios golpeados por el mismo silencio. No son cifras: son jóvenes con rostro, nombre y señas particulares que ahora integran el expediente de la incertidumbre.
Ojocaliente: un comité, muchas heridas
Ojocaliente ha dado un paso necesario, aunque tardío, frente a una de las crisis más silenciosas de Zacatecas: la salud mental. Se conformó el Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones (Comusama), con la promesa de atender el deterioro emocional que atraviesa familias enteras.
En la Sala de Cabildo se presentó a los nuevos integrantes y se delinearon acciones de prevención, tratamiento, normatividad y capacitación. El alcalde Juan Manuel Zambrano Jiménez resaltó que “preservar la salud mental” es clave para el bienestar familiar. Tiene razón. Pero en Zacatecas no basta con enunciarlo.
La violencia, el desempleo, las desapariciones y el consumo creciente de sustancias han creado un entorno emocionalmente devastado. Conformar un comité no es solución automática, pero sí puede ser un punto de partida si se acompaña con presupuesto, voluntad política y participación comunitaria.
Que las reuniones sean trimestrales no basta. La urgencia es diaria.
Mientras tanto, se agradeció la participación de actores locales y el respaldo de Socorro Vargas Cornejo. Ahora el reto no es solo coordinar comisiones, sino escuchar el dolor real de quienes viven en la periferia del sistema de salud mental: los olvidados de siempre.
Sobre la Firma
Columnista especialista en municipios, justicia y poder.
aureliogaitan58@gmail.com
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