JORGE RADA LUÉVANO
En los últimos días ha circulado con naturalidad una frase que merece más atención de la que parece. Integrantes de la familia Monreal han repetido en distintos espacios públicos y mediáticos una idea que, según ellos, debería cerrar cualquier discusión: “somos una familia política, cada quien con su propia carrera”.
Dicho así, suena casi como una defensa democrática. Pero en realidad la frase funciona más bien como una confesión involuntaria.
En democracia nadie puede ser excluido de la vida pública por su apellido. El derecho a ser votado es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y forma parte del núcleo de la participación política. Bajo ese principio, cualquier ciudadano —incluidos quienes provienen de familias con tradición política— puede aspirar legítimamente a gobernar.
Hasta ahí no hay discusión.
El problema comienza cuando el asunto deja de ser una trayectoria individual y empieza a parecerse más a una estructura familiar con presencia simultánea en distintas posiciones del poder público.
En Zacatecas la situación no es precisamente discreta. Ricardo Monreal ocupa una posición de gran influencia en el Congreso federal. David Monreal gobierna el estado. Saúl Monreal es senador de la República y ha manifestado abiertamente su intención de contender por la gubernatura. Verónica Díaz también es senadora y ha tenido presencia política relevante en la entidad. Al mismo tiempo, distintos reportes periodísticos han señalado la presencia de integrantes del mismo entorno familiar en la SCJN.
Nada de esto constituye por sí mismo un delito. Las familias políticas existen en muchas democracias. El problema no es que existan políticos con el mismo apellido. El problema surge cuando la acumulación de poder dentro de una misma red familiar coincide con un proceso de sucesión política inmediata
A esta ecuación todavía habría que añadir otro elemento que suele pasar desapercibido cuando se analiza el fenómeno desde Zacatecas. La presencia política de la familia Monreal no se limita a los hermanos que operan en la política estatal. También aparece la figura de Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, quien ha participado activamente en la política de la Ciudad de México y fue candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc.
Es decir, mientras unos miembros del árbol genealógico ocupan posiciones estratégicas en el poder estatal y en el Senado, otros proyectan su carrera política en la capital del país. Nuevamente, nada de esto es ilegal por sí mismo. Pero cuando se observa el conjunto -gubernaturas, senadurías, posiciones legislativas y candidaturas territoriales dentro de la misma familia – el fenómeno deja de parecer una simple coincidencia biográfica y comienza a parecer algo más estructural: una red política familiar que se expande territorialmente dentro del sistema político mexicano.
Más allá de la decisión de Saúl Monreal de desconocer o confrontar los lineamientos internos de su propio partido y los posicionamientos públicos de la Presidencia de la República respecto al nepotismo electoral, el debate no puede reducirse a un simple diferendo partidista.
Lo verdaderamente relevante es analizar con seriedad institucional las aspiraciones políticas tanto de Saúl Monreal como de Verónica Díaz dentro del contexto político de Zacatecas. La cuestión de fondo no es si ambos cuentan con trayectoria propia, sino si la eventual sucesión al poder estatal dentro de un mismo entorno familiar que ya concentra posiciones relevantes del poder público puede afectar las condiciones reales de equidad democrática en la competencia electoral.
En la literatura política contemporánea este fenómeno tiene nombre: dinastías políticas o nepotismo político sucesorio. No se trata del nepotismo clásico de nombrar a un primo en una oficina pública. Se trata de algo más sofisticado: una red familiar previamente instalada en posiciones de poder que termina generando ventajas estructurales para competir por el siguiente cargo.
Si trasladamos la discusión del terreno propagandístico al terreno jurídico, la pregunta se vuelve bastante más clara. Debe realizarse un ejercicio de ponderación constitucional y un test de proporcionalidad entre dos bienes jurídicos distintos: por un lado, el derecho individual a ser votado; por otro, la necesidad de preservar la integridad del sistema democrático y la equidad en la competencia electoral.
Cuando se analiza esa tensión desde la perspectiva del interés público, resulta evidente que la protección del sistema democrático posee una relevancia superior para la sociedad. Bajo ese criterio, resulta constitucionalmente razonable considerar la posibilidad de establecer una restricción temporal al ejercicio del derecho a ser votado en el contexto específico de la sucesión inmediata del actual gobernador David Monreal, principio que debería aplicarse con la misma vara tanto para Saúl Monreal como para Verónica Díaz.
Curiosamente, el propio sistema político mexicano ya comenzó a reconocer el problema. La reciente reforma constitucional contra el nepotismo electoral busca evitar que los cargos públicos se conviertan en mecanismos de transmisión familiar del poder. Aunque, como suele ocurrir en México, la solución se programó para el futuro: su aplicación plena comenzará hasta el año 2030.
Es decir, el sistema reconoce que el problema existe… pero prefiere discutirlo dentro de algunos años.
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Jurista incómodo, pluma de resistencia civil
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