JOSÉ MANUEL RUEDA SMITHERS
La teoría básica de la comunicación es fácil de aplicar.
Reaccionar puede contener una crisis; gobernar implica evitarla.
En el México reciente, la comunicación gubernamental parece haber entrado en una zona de desgaste que no se explica únicamente por la oposición o por la crítica mediática, sino por un fenómeno más profundo: la sustitución de la información por la reacción. El problema no es menor.
Cuando un gobierno reacciona más de lo que explica y se irrita ante cualquier crítica, pierde la capacidad de conducir la conversación pública. Si además concentra su estrategia en redes sociales -y en propaganda- sin construir una relación sólida con medios profesionales, el resultado es previsible: ruido, dispersión y, sobre todo, desconfianza. Ahí comienza el deterioro.
Las redes sociales son herramientas poderosas, pero no sustituyen los procesos de verificación, contraste y profundidad que ofrecen los medios tradicionales. Apostar todo a la inmediatez implica sacrificar contexto, y la recompensa es una narrativa oficial frágil. Sin sustancia.
Hay ejemplos recientes que ayudan a entender:
Por un lado, la difusión de encuestas poco claras o mal explicadas genera más dudas que certezas. No se trata únicamente de si son correctas o no, sino de cómo se comunican. Cuando los datos no se presentan con rigor, el mensaje pierde fuerza antes de llegar a la opinión pública.
Por otro lado, el tema de las personas desaparecidas sigue siendo uno de los puntos más sensibles del país. Las cifras acumuladas, que superan ya las 130 mil personas, no solo representan una tragedia humana, sino también un desafío comunicativo de enorme magnitud. No basta con deslindar responsabilidades; la sociedad exige claridad, reconocimiento del problema y rutas visibles de acción.
En ese contexto, la tensión reciente entre el Gobierno de México y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ilustra un problema adicional: la dificultad para procesar la crítica externa sin convertirla en confrontación política. Negar o matizar la naturaleza del problema es comprensible desde una lógica defensiva, pero resulta insuficiente frente a una opinión pública que espera y demanda respuestas más profundas.
Se suma otro factor: la centralización del mensaje. Cuando la comunicación se concentra en una sola voz y las dependencias limitan su capacidad de informar, se reduce la riqueza del discurso público. El resultado es una narrativa que reacciona, pero no construye.
Y en política, no construir es perder terreno.
La comunicación pública no es un ejercicio de ocurrencias ni de imposición. No se trata de hablar más fuerte ni de repetir más veces. Es, ante todo, un oficio: exige método, conocimiento del entorno, lectura de los tiempos y respeto por los canales que han demostrado, durante décadas, su capacidad para informar y formar opinión. Cuando se sustituye la experiencia por la improvisación, lo que se pierde no es solo el mensaje: es la credibilidad.
La credibilidad no se impone. Se gana con consistencia, apertura y capacidad de diálogo. Un gobierno que desconfía de los medios profesionales termina encerrado en su propia narrativa. Y una narrativa que no se contrasta, difícilmente se sostiene.
Por eso, el problema no es solo de percepción, sino de método.
Revertir esta situación no requiere necesariamente un cambio de discurso, sino de enfoque. Implica entender que comunicar no es controlar la información, sino gestionarla con inteligencia. Que los medios no son adversarios por definición, sino intermediarios necesarios. Y que la crítica, bien procesada, puede fortalecer más que debilitar.
El caso no es si el gobierno debe acudir a comunicadores más experimentados; es si está dispuesto a cambiar la lógica desde la cual comunica.
Porque reaccionar puede contener una crisis…
pero gobernar implica evitarla.
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Columnista crítico, académico, servidor y periodista.
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