Zacatecas, Zac.- La diputada Renata Ávila Valadez cuestionó la política de seguridad estatal durante la glosa del Cuarto Informe. La legisladora del PT exigió una estrategia basada en derechos humanos y confianza ciudadana. Su intervención confrontó directamente al secretario Arturo Medina Mayoral. Ávila Valadez señaló una contradicción entre las cifras oficiales y la realidad social. La representante popular evidenció un modelo de seguridad represivo y alejado de la ciudadanía.
La parlamentaria formuló una pregunta directa al titular de la Seguridad Pública. Cuestionó la percepción del funcionario sobre los zacatecanos. Señaló que las estadísticas oficiales ocultan una realidad violenta. Mencionó desapariciones, robos y violencia familiar como problemas cotidianos. Denunció detenciones arbitrarias y brutalidad policial como prácticas recurrentes. La paz estadística contradice la inseguridad vivida en las calles.
La crítica apuntó hacia la formación militar del secretario Medina Mayoral. Ávila Valadez afirmó que su visión castrense determina la conducción institucional. La diputada exigió visión de Estado civil en lugar de perspectiva de cuartel. Subrayó la necesidad de cercanía social y construcción de confianza. Señaló que la disciplina bélica resulta contraproducente para la seguridad ciudadana.
Un incidente con familias buscadoras ejemplificó la crisis institucional. Un elemento de tránsito insultó a manifestantes durante una protesta pacífica. El hecho ocurrió el pasado 8 de septiembre frente a dependencias oficiales. La diputada calificó el episodio como muestra de desprecio institucional. Señaló que el evento representa violencia simbólica y abuso de poder. El caso demuestra la profunda ruptura entre autoridades y víctimas.
La legisladora estableció una clara distinción conceptual entre seguridad pública y nacional. Advirtió sobre los riesgos de la militarización de la vida civil. Cuestionó el tratamiento de ciudadanos como amenazas para la nación. Estudiantes, comerciantes y familias buscadoras sufren esta criminalización. La confusión entre ambos conceptos genera violaciones sistemáticas a derechos humanos.
Expertos internacionales respaldan las críticas de la diputada local. Organismos de la ONU han alertado sobre modelos militarizados de seguridad. Estos esquemas incrementan las violaciones a derechos humanos y la impunidad. Zacatecas muestra indicios claros de esta lógica operativa. El perfil castrense se traduce en agresiones contra la población civil.
La intervención parlamentaria constituye una advertencia formal sobre violaciones graves. La diputada alertó sobre consecuencias futuras si no se corrigen las prácticas actuales. La actuación represiva de las corporaciones profundiza la desconfianza social. Erosiona la legitimidad institucional y transforma la seguridad en instrumento de miedo. Zacatecas requiere seguridad con derechos humanos efectivos.
LNY | Redacción