MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
Las manifestaciones realizadas por la llamada Generación Z en la Ciudad de México y en diversas ciudades del país han provocado una respuesta desproporcionada por parte del Estado, el cual ha optado por criminalizar la protesta social y utilizar la fuerza pública para reprimir a las personas manifestantes. Esta reacción es inadecuada porque la manifestación pública es una forma legítima de reclamo y protesta social en las sociedades democráticas.
Es importante destacar que la manifestación pública es un derecho humano previsto en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales tutelan los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterios específicos que respaldan la legitimidad del derecho a la protesta social y lo protegen como un derecho humano. Ha señalado que este derecho puede realizarse bajo cualquier motivación —política, social, cultural, entre otras— y con la plena protección de la ley.
En este sentido, la manifestación pública es un derecho que los gobiernos democráticos deben respetar, proteger y garantizar, ya que constituye el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión. Además, funciona como un indicador de la participación ciudadana y un mecanismo que fortalece la vida democrática.
Por el contrario, los gobiernos que desacreditan y criminalizan la protesta social incluso antes de su realización, y que además emplean la fuerza pública para reprimir a quienes participan en ella, constituyen, sin lugar a duda, regímenes represores que vulneran los derechos fundamentales y contravienen los estándares que rigen un sistema democrático.
Ante este escenario, los gobernantes deben entender y asumir que la protesta social pacífica constituye una expresión esencial de la democracia y, en muchos casos, la única vía para hacerse escuchar. Esto es particularmente cierto cuando los gobiernos optan por ignorar deliberadamente las voces de la población, negar la problemática que padece la sociedad o impulsar decisiones gubernamentales que benefician solo a un grupo o sector, dejando de lado las necesidades y derechos del resto de la ciudadanía. Lo anterior se hace evidente cuando las políticas, estrategias y acciones de un gobierno resultan insuficientes para resolver la problemática que aqueja a la población.
En tales circunstancias, la ciudadanía se ve en la necesidad de reunirse para expresar sus ideas, sentimientos y reclamos mediante la protesta social. Esta se constituye entonces, como un derecho humano, que permite expresar de manera libre y pacífica al gobierno que las cosas no marchan bien: porque persiste la inseguridad, la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, la extorsión de criminales a comerciantes, el abandono a productores agrícolas y ganaderos, la falta de apoyo estudiantes, el incumplimiento de los derechos laborales de docentes y trabajadores de la salud, entre otras problemáticas.
Por lo tanto, la protesta social pacífica no debe criminalizarse y, menos aún, deben utilizarse los medios coercitivos del derecho penal para silenciar las voces de las personas manifestantes, quienes ejercen legítimamente sus derechos frente a la persistencia de problemáticas sociales y la insuficiencia de la respuesta gubernamental. No obstante, cualquier conducta que, durante el marco de una manifestación, vulnere derechos de terceros o cause daño a su patrimonio debe ser investigada y, en su caso, sancionada conforme a la ley, garantizando en todo momento el respeto estricto al debido proceso y a los derechos humanos.
En lugar de la represión y la criminalización de la protesta social, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben escuchar, dialogar y responder a las demandas ciudadanas que exigen más seguridad, paz, justicia, educación, salud y atención para mujeres, niñas, niños, adolescentes, estudiantes, productores, trabajadores, entre otros sectores. Es fundamental reconocer que la participación de la población es la condición necesaria para lograr un país más justo y democrático, pero sobre todo, se debe respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la manifestación pública.
Sobre la Firma
Abogada defensora de derechos y democracia.
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