GILDA MONTAÑO HUMPHREY
En los últimos años, México ha vivido una transformación profunda. Miles de mujeres decidieron romper el silencio y denunciar agresiones que durante décadas permanecieron ocultas bajo el peso del miedo, la indiferencia y la impunidad. Esa transformación constituye uno de los avances sociales más importantes de nuestra historia reciente y merece ser defendida con toda convicción.
Precisamente porque esa lucha es legítima, no puede convertirse en un espacio donde la verdad sea sustituida por la especulación o donde el juicio público reemplace a las instituciones encargadas de investigar los hechos.
Toda denuncia merece ser escuchada con respeto. Toda persona señalada merece un proceso imparcial. No existe contradicción entre ambos principios. Al contrario: uno garantiza la existencia del otro.
Las sociedades verdaderamente civilizadas no se distinguen únicamente por la protección que ofrecen a las víctimas. Se distinguen, sobre todo, por la capacidad de proteger la verdad.
Ésa ha sido la conquista más importante del Estado de Derecho: comprender que la justicia jamás puede edificarse sobre la emoción, el prejuicio o la conveniencia, sino exclusivamente sobre los hechos.
Una publicación, un video, una declaración o una tendencia digital bastan para colocar a cualquier persona bajo el peso insoportable de una sospecha que, aun siendo desmentida, suele dejar cicatrices permanentes.
La dignidad humana posee una característica que rara vez se menciona: es extraordinariamente difícil reconstruirla cuando ha sido injustamente lesionada.
Por ello resulta indispensable recordar que la presunción de inocencia no constituye un tecnicismo jurídico. Es uno de los mayores logros éticos de la civilización. Representa el reconocimiento de que ninguna persona debe perder su honor, su trabajo, su familia o su prestigio, antes de que los hechos hayan sido plenamente acreditados.
Una democracia madura no exige creer ciegamente ni desacreditar automáticamente. Exige investigar.
Cuando una acusación se convierte en sentencia antes de que existan pruebas suficientes, el daño deja de ser individual. Se vuelve colectivo. Porque la confianza en las instituciones disminuye, la conversación pública se polariza y las víctimas reales encuentran un escenario cada vez más complejo para hacer valer su palabra.
Las denuncias falsas —cuando se demuestra que lo son— no representan únicamente una injusticia contra la persona acusada. También lesionan la credibilidad de un movimiento construido con el dolor auténtico de miles de mujeres que encontraron el valor para hablar.
Ese daño pocas veces se reconoce.
Cada mentira termina fortaleciendo el discurso de quienes descalifican sistemáticamente todas las denuncias, incluso aquellas respaldadas por pruebas contundentes. Es una consecuencia profundamente injusta para quienes sí enfrentaron violencia.
Por eso la defensa de la verdad no debilita la lucha de las mujeres; la fortalece. La verdad distingue a la justicia del linchamiento. Distingue la responsabilidad del prejuicio. Distingue los derechos de la arbitrariedad.
Vivimos una época en la que las redes sociales pueden amplificar cualquier versión de los hechos con una velocidad muy superior a la capacidad de verificarlos. En ocasiones, la condena pública llega mucho antes que la investigación y permanece incluso cuando los hechos demuestran una realidad distinta.
Eso debería preocuparnos.
No porque debamos desconfiar de quienes denuncian, sino porque ninguna sociedad puede permitirse sustituir la evidencia por la percepción.
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad ética particularmente importante. Informar implica contextualizar, contrastar versiones y evitar que el interés por la inmediatez termine sacrificando el derecho de las personas a un tratamiento justo.
La libertad de expresión es indispensable para la democracia.
Pero la libertad de expresión encuentra su mayor fortaleza cuando se ejerce con responsabilidad. No se trata de proteger privilegios. Se trata de proteger derechos.
El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. El derecho de las víctimas a ser escuchadas. El derecho de toda persona a defender su honra. El derecho de la sociedad a conocer la verdad.
Cuando cualquiera de esos derechos se sacrifica, perdemos todos. Porque una democracia no se fortalece con más acusaciones ni con más silencios. Se fortalece con más verdad.
Y la verdad, aunque a veces tarde en abrirse paso, sigue siendo el único camino capaz de ofrecer justicia para todas y para todos.
Sobre la Firma
Comunicadora, editora y analista política
gildamh@hotmail.com
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