Zacatecas, Zac.- El diputado federal Carlos Puente convocó en Zacatecas a un acuerdo de unidad institucional para reestructurar la comercialización agrícola y corregir las deficiencias operativas en el acopio de frijol. La iniciativa busca resolver la exclusión de productores locales mediante el diseño de una marca propia, canales alternativos de venta y la eliminación de intermediarios.

La crisis en el sector agrícola zacatecano expone tensiones estructurales entre la política de subsidios federales y la realidad del mercado local. Zacatecas concentra el 56% del acopio nacional de frijol, una cifra que equivale a casi 100 mil toneladas recolectadas y una inversión pública superior a los 2 mil 600 millones de pesos administrados por el organismo Alimentación para el Bienestar. A pesar de que este esquema beneficia actualmente a casi 12 mil 500 pequeños productores bajo un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, el modelo muestra señales de saturación y descontento social. Existe un remanente en proceso de 7 mil 400 toneladas orientadas a apoyar a mil 588 agricultores, una medida insuficiente para cubrir la demanda total de las comunidades rurales.

El conflicto de intereses se manifiesta en la parálisis de los productores que quedan fuera del circuito oficial de compra y en la persistencia de intermediarios especulativos que merman las utilidades comunitarias. Ante este escenario, la propuesta legislativa plantea abandonar la dependencia exclusiva del subsidio asistencial y avanzar hacia la autonomía comercial del estado mediante la inserción directa del grano en cadenas de autoservicio y comercios minoristas. El objetivo estratégico consiste en retener el valor agregado de la producción dentro de los municipios agrícolas, transformando el grano básico en un motor de derrama económica interna en lugar de un recurso sujeto a la especulación de terceros.

En el ámbito institucional, el planteamiento reconoce la inversión extraordinaria del Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye la adquisición de un excedente a menor precio para sostener la equidad del mercado. No obstante, la persistencia de protestas sectoriales evidencia fallas en la ejecución de los programas de bienestar. La viabilidad de este pacto económico depende de la transparencia inmediata en las reglas de operación del acopio, una exigencia apremiante para evitar la manipulación de los padrones de beneficiarios y garantizar la gobernabilidad en las regiones productoras de la entidad.

LNY | Redacción