CARLOS PEÑA BADILLO
Entre 2023 y 2024 la sociedad mexicana vio algo que no cuadraba: algunos precandidatos de Morena —las célebres “corcholatas”— llenando plazas, fletando autobuses y produciendo spots por todo el país, mientras sus informes oficiales de gastos hablaban de cifras casi domésticas, las cuales no pagaban ni de lejos la logística de los actos que presenciamos todos por televisión y redes sociales. Ese contraste es exactamente la pregunta que sigue haciendo: ¿de dónde salió ese dinero? Y una hipótesis, cada vez más documentada por fiscalías, auditores y hasta gobiernos extranjeros, es que una parte relevante salió del huachicol fiscal.
En el caso de Zacatecas, al pueblo ya le quedó claro que todos los actos realizados por los aspirantes de Morena, que políticamente fueron catalogados como actos anticipados de campaña, aunque no oficialmente por el INE y el IEEZ, queda claro que fueron todos financiados con recursos públicos. Igual que los disfrazados tianguis agropecuarios, donde tan solo este fin de semana se invirtieron más de 400 millones de pesos para la rifa de tractores con un subsidio de 250 mil pesos cada uno e implementos agrícolas que supuestamente se regalan a campesinos que lo necesitan, pero que no es otra cosa más que un acto de proselitismo disfrazado.
No puede ser de otra forma los acarreos para llenar la Plaza de Armas, así sea para recibir a la Presidenta de la República, porque el costo de esas visitas las paga el pueblo de Zacatecas, mientras sus autoridades y los dirigentes de Morena quedan bien con la mandataria.
Quién anda en la política sabe lo que cuesta llenar un camión con gente que viene desde municipios lejanos, más los gastos de alimentación y apoyos que tiene que repartirse para llenar las plazas, porque de no hacerlo así, quedarían muy desprestigiados.
Cuando las famosas corcholatas del 23 y 24 nadie sabía de dónde llegaba el dinero para las campañas. Sin embargo, aquí en Zacatecas sí supimos que el llamado Rey del Huachicol, Sergio Carmona, quién fuera asesinado en una barbería de San Pedro Garza García en Monterrey, financió ocho campañas a petición del entonces presidente de Morena, Mario Delgado y, claro con esos recursos, Morena y la nueva gobernanza pudieron hacerse del poder en el 2021.
El Huachicol fiscal es un tipo de robo a la nación que consiste en importar combustible —diésel, gasolina, aditivos— declarándolo ante la aduana como un producto distinto (lubricantes, aceites, mezclas no gravadas) para evadir el IEPS, el impuesto especial que en México puede representar hasta el 40% del precio final del litro. No hace falta perforar nada; basta con que un funcionario de aduanas, de la Marina o del SAT “no vea” el contenido real de un buque tanque.
El esquema nació con López Obrador, cuyo gobierno entregó a la Secretaría de Marina el control operativo de los puertos y aduanas del país, como parte de la estrategia de “combatir la corrupción” quitándole esa función a civiles. Para 2022, la Marina controlaba la totalidad de las aduanas marítimas.
La Auditoría Superior de la Federación documentó que entre 2019 y 2024 el huachicol fiscal costó al erario 554 mil 750 millones de pesos en IEPS no cobrado. El SAT, por su parte, estimó que solo en 2024 la pérdida fiscal rondó 200 mil millones de pesos, una cantidad comparable al presupuesto federal completo de seguridad pública de ese año. Y reportes de finales de 2025 ya hablaban de un daño acumulado de 600 mil millones de pesos.
Lo que ya no es hipótesis, sino expedientes con nombre y apellido, es la red que operó dentro de la propia Secretaría de Marina. En septiembre de 2025, la autoridad detuvo al exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como cabeza de la trama, junto con otros mandos. Su hermano, elexcontralmirante Fernando Farías Laguna, huyó del país con documentación falsa en diciembre de 2025 y fue detenido en Buenos Aires en abril de 2026gracias a inteligencia compartida por Estados Unidos, y finalmente extraditado a México en agosto de este año. Y el nombre más incómodo de todos: José RafaelOjeda Durán, quien fue secretario de Marina durante todo el sexenio de López Obrador, fue reportado por la propia fiscalía como “no localizable”. Que un exsecretario de Estado —no un mando medio, no un funcionario aduanal cualquiera— aparece ilocalizable en un expediente de contrabando fiscal de esta magnitud es, por sí solo, la prueba más contundente de que hablamos de alta jerarquía, no de corrupción de ventanilla.
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Diputado, exalcalde, voz opositora firme
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