El diputado dederal Ulies Mejía Haro adelantó que Morena abrirá el próximo 22 de junio el registro de aspirantes a las coordinaciones de defensa de la cuarta transformación en 17 estados del país, incluido Zacatecas, en un proceso que será definido mediante encuestas ciudadanas y que coincide con una creciente disputa por las reglas de competencia política en la entidad, tensiones legislativas y denuncias de presiones contra actores vinculados a la organización territorial del movimiento.
La definición de las coordinaciones estatales, expresó el legisaldor en su conferencia La Informativa, representa uno de los primeros pasos formales rumbo a las elecciones de 2027. Aunque el cargo tiene una naturaleza partidista, en la práctica se ha convertido en la antesala de las candidaturas a las gubernaturas que Morena disputará en los estados donde renovará el Poder Ejecutivo local. Por ello, la apertura de registros adquiere una dimensión estratégica que rebasa la vida interna del partido y anticipa una intensa competencia entre los grupos políticos que buscan encabezar el proyecto oficialista.
La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariana Montiel y Citlalli Hernández, ha sostenido que el mecanismo de selección será la encuesta ciudadana, método que el partido ha utilizado en procesos anteriores para resolver disputas internas y evitar definiciones mediante votación directa de la militancia. Sin embargo, la cercanía de los registros ha elevado la tensión política en varios estados, particularmente en Zacatecas, donde distintos actores observan con preocupación movimientos legislativos que podrían modificar las condiciones de elegibilidad de futuros aspirantes.
En ese contexto se inscribe la reciente reincorporación de Ulises Mejía Haro a sus actividades legislativas, luego de una licencia temporal de cinco días. El legislador argumentó que su retorno respondió a la necesidad de dar seguimiento a las sesiones extraordinarias del Congreso local donde se discutieron reformas al artículo 53 de la Constitución de Zacatecas.
Las modificaciones, expicó el legislador, planteaban ampliar de 90 días a un año el plazo de separación obligatoria del cargo para quienes aspiren a diputaciones y otros puestos de elección popular. La discusión adquirió relevancia porque diversos sectores interpretaron que una eventual ampliación de este criterio a otros artículos constitucionales, particularmente aquellos relacionados con la gubernatura, podría alterar las condiciones de competencia para funcionarios y representantes populares actualmente en funciones.
El debate trasciende la coyuntura electoral. En el fondo se encuentra una discusión sobre el alcance de los derechos político-electorales y los límites que pueden establecer las legislaturas estatales para regular la participación de quienes buscan contender por cargos públicos. Para los críticos de la propuesta, imponer requisitos más restrictivos podría traducirse en barreras de acceso que limiten el derecho constitucional a ser votado. Para sus defensores, las medidas pueden interpretarse como mecanismos para garantizar condiciones de equidad en las contiendas.
La disputa institucional ocurre paralelamente a un clima político cada vez más polarizado. Durante la organización del denominado Mundialito, un torneo infantil de futbol que reunió a decenas de equipos, surgieron denuncias sobre presiones dirigidas a promotores, árbitros y participantes para impedir la utilización del estadio Carlos Vega Villalba como sede de la ceremonia de clausura.
Según la versión expuesta por Mejía Haro, dichas acciones obligaron a modificar la sede prevista originalmente. El legislador afirmó que la actividad tenía un carácter deportivo y social, sin orientación partidista, y señaló que existieron intentos de obstaculizar su realización mediante mecanismos de presión administrativa. En contraste, destacó la disposición del gobierno municipal encabezado por el alcalde Miguel Varela Pinedo para facilitar espacios alternativos que permitieran concluir el evento.
Estas acusaciones se suman a señalamientos sobre campañas de desinformación en plataformas digitales que, de acuerdo con integrantes del movimiento, buscan profundizar divisiones internas en Morena en un momento particularmente sensible para la definición de candidaturas y liderazgos estatales.
Otro de los temas que ha generado debate es la integración de los equipos políticos. La designación de Antonio Mejía Haro como diputado suplente ha sido objeto de cuestionamientos por presuntos vínculos familiares. Frente a esas críticas, Ulises Mejía Haro sostiene que la decisión respondió a razones operativas y políticas, entre ellas la premura de los plazos de registro, consideraciones de seguridad y la experiencia institucional acumulada por el suplente, quien ha desempeñado cargos como gobernador, senador y diputado federal.
El legislador rechaza que exista nepotismo y argumenta que ambos fueron registrados bajo las reglas vigentes antes de las reformas que endurecieron las restricciones en la materia. También sostiene que no existe un proyecto de sucesión familiar en el cargo ni una transferencia de responsabilidades públicas entre parientes.
Mientras tanto, el contexto nacional también influye en la dinámica estatal. Morena ha reforzado un discurso centrado en la defensa de la soberanía y la unidad política frente a lo que considera campañas de desinformación orientadas a debilitar al Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de privilegiar el interés nacional sobre los intereses particulares, una narrativa que el oficialismo vincula con los desafíos políticos y económicos que enfrenta el país.
En Zacatecas, esa estrategia de estabilidad también pasa por la relación con sectores sociales estratégicos. La reciente reprogramación de una visita presidencial fue interpretada por actores cercanos al movimiento como una decisión orientada a priorizar el diálogo con el magisterio y atender demandas laborales mediante canales institucionales, evitando escenarios de confrontación en una entidad donde las tensiones políticas ya se encuentran en ascenso.
La apertura de registros en Morena ocurre así en un escenario marcado por disputas sobre las reglas de competencia, cuestionamientos sobre el uso de las instituciones y una intensa carrera por el control político del estado. Lo que hoy se debate en el Congreso local y en la estructura territorial del partido puede terminar definiendo no sólo quién encabezará la candidatura oficialista en 2027, sino también las condiciones bajo las cuales se desarrollará la próxima sucesión gubernamental en Zacatecas.
LNY | Redacción