Zacatecas, Zac. – La ley lo permite, pero el sistema de salud lo niega. Un año después de que Zacatecas despenalizara el aborto, la garantía de acceder a este derecho se estrella contra un muro de realidad: falta de medicamentos, personal insuficiente, objeciones de conciencia y prácticas médicas que revictimizan a las mujeres.
Este panorama crítico motivó que, en el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, colectivos feministas tomaran las calles frente al Palacio Legislativo. Su protesta visibilizó una lucha que ya no es por el papel, sino por lo concreto: que los hospitales estén en capacidad de atender a quien lo necesite.
El Hospital de la Mujer Zacatecana, en el municipio de Guadalupe, se ha convertido en el símbolo de esta brecha entre la teoría y la práctica. La objeción de conciencia paraliza gran parte de su capacidad: de 30 especialistas, 22 se rehúsan a practicar interrupciones del embarazo. Aunque las autoridades médicas aseguran que siempre hay alguien disponible, las cifras hablan por sí solas: en todo 2025, solo se han realizado tres procedimientos, todos por casos de violación en adolescentes.
La ley, que establece un límite de 12 semanas de gestación para el aborto voluntario, también se convierte en una barrera, resultando en la negación de solicitudes fuera de ese plazo.
Ante la falta de condiciones, muchas mujeres se ven forzadas a buscar alternativas peligrosas o a migrar a otros estados para poder ejercer su derecho. Los datos oficiales reflejan una demanda contenida: en diciembre de 2024, primer mes tras la reforma, ocho mujeres acudieron a la Uneme de Guadalupe solicitando el servicio. Antes de la despenalización, el Hospital de la Mujer solo había atendido seis casos, todos por violación.
El Movimiento Feminista de Zacatecas apunta a un problema de fondo: la federalización de la salud, que traspasó la responsabilidad al IMSS Bienestar, no vino acompañada de los recursos necesarios. “Lo que debería ser un derecho garantizado se ha convertido en letra muerta para muchas zacatecanas”, denunciaron.
Las activistas no se han quedado solo en la protesta. Entregaron un pliego petitorio con demandas específicas: contratar más especialistas, habilitar servicios en toda la red pública, garantizar el abastecimiento de medicamentos, eliminar el legrado innecesario y sancionar al personal que juzgue o desaliente a las pacientes.
Para mantener la presión, convocaron a un diálogo público frente al Hospital de la Mujer Zacatecana, al que renombraron simbólicamente “Hospital contra la Mujer Zacatecana”. Bajo el lema “Que tus derechos se cumplan”, buscan evidenciar que sin condiciones materiales, la ley es solo un enunciado.
Mientras la Secretaría de Salud estatal enumera servicios teóricos en varios municipios, las redes de acompañamiento feminista, como la colectiva Psicoabortiva, son quienes suplen en la práctica la ausencia del Estado, orientando y conteniendo a las mujeres.
La conclusión de las organizaciones es clara: la batalla en Zacatecas ya no es por la despenalización, sino por transformar un derecho reconocido en un servicio accesible, seguro y libre de violencia institucional. El desafío ahora es cerrar la brecha que separa la ley de la vida.
LNY | Redacción