Zacatecas, Zac.- La diputada Noemí Luna Ayala presentó ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas federales y estatales a implementar protocolos urgentes contra el acoso escolar. La iniciativa busca establecer medidas de prevención, detección temprana y atención del bullying en todos los niveles educativos para garantizar entornos seguros y proteger los derechos de la infancia.
Esta acción legislativa responde a un diagnóstico crítico sobre la violencia en los centros de enseñanza de México. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 32% de los menores de entre nueve y 17 años en el país han sido víctimas de acoso, una problemática agravada por el hecho de que la mayoría de los afectados no denuncia las agresiones. Ante este escenario, la propuesta de la legisladora zacatecana se articula en tres ejes prioritarios: el fortalecimiento de los protocolos de actuación en los planteles, la mejora en la coordinación con los padres de familia y tutores para identificar factores de riesgo, y la ejecución de campañas permanentes de sensibilización orientadas a la cultura de paz.
El planteamiento de Luna, quien se desempeña como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, no es un hecho aislado, sino que se integra en una agenda legislativa más amplia. El pasado 5 de marzo, la diputada impulsó una reforma a diversos artículos de la Ley General de Educación con el objetivo de dotar al sistema educativo de mecanismos institucionales más robustos. Aquella iniciativa ya contemplaba la difusión de recursos de apoyo y la creación de rutas de actuación claras para detener la violencia, entendiendo que el bullying genera secuelas profundas no solo en las víctimas, sino también en los agresores y los testigos del entorno escolar.
La relevancia de esta exigencia radica en la necesidad de transformar la respuesta institucional frente a una forma de violencia que compromete el desarrollo integral y el bienestar emocional de los estudiantes. Al elevar esta petición a la Gaceta Parlamentaria, se busca que las autoridades de las 32 entidades federativas asuman una responsabilidad directa en la vigilancia y protección de los menores. La propuesta enfatiza que la educación no puede limitarse a la transmisión de conocimientos académicos, sino que debe asegurar condiciones de seguridad y respeto que permitan el ejercicio pleno de los derechos humanos en las aulas.
LNY | Redacción