JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Llegaron los tiempos que muchos no queríamos que llegaran. Y no precisamente por no aceptar la transición o el cambio de estafeta, no, sino por el nivel de polarización que amenaza con profundizarse en el país.
Hoy México atraviesa momentos complejos. Las protestas, las diferencias políticas, las cerrazones y las tensiones con nuestro vecino del norte forman parte de un escenario que mantiene dividida a la opinión pública. En medio de este contexto, comienzan a ponerse en marcha los procesos internos del partido gobernante para definir a quienes buscarán competir en las próximas elecciones.
En las 17 entidades federativas donde se renovarán gubernaturas, congresos locales, presidencias municipales y regidurías, veremos surgir a quienes aspiran a ocupar esos espacios de poder. Y, como suele ocurrir, las campañas anticipadas aparecerán disfrazadas de informes, recorridos, reuniones ciudadanas o estrategias de posicionamiento político. Pero también veremos a gente que no tiene la capacidad, ni el conocimiento, ni la experiencia necesaria para gobernar; personas que no conocen la administración pública, sus leyes y reglamentos.
Paralelamente, los ciudadanos seguimos siendo bombardeados por mensajes de texto, llamadas y publicidad política. Todos los días llegan SMS que intentan influir en la percepción pública, promoviendo aspirantes o difundiendo encuestas. Lo preocupante es que nadie se explica cómo obtienen nuestros datos personales y números telefónicos. A esta situación se suman las llamadas de instituciones financieras, las promociones comerciales y los constantes intentos de fraude por parte de ciberdelincuentes.
La protección de los datos personales se ha convertido en una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro tiempo. Son datos que valen oro hoy en el mercado. Miles de personas han sido víctimas de robo de identidad, fraudes financieros y extorsiones derivadas de la exposición indebida de información privada por parte de autoridades y casas comerciales.
En medio de este debate, conviene hacer una precisión importante: la soberanía y la impunidad no son lo mismo.
La soberanía significa defender nuestro territorio, nuestras instituciones y nuestra capacidad de decidir como nación libre e independiente. La impunidad, en cambio, representa la incapacidad o la falta de voluntad para aplicar la ley y garantizar justicia. Confundir ambos conceptos o utilizarlos indistintamente en el discurso político sólo contribuye a la desinformación.
Por ello, ningún proyecto político debería escudarse en la defensa de la soberanía para justificar errores, omisiones o falta de resultados. La fortaleza de un país no se mide únicamente por su independencia, sino también por su capacidad para garantizar el Estado de derecho.
En estados como Zacatecas, la disputa política comenzará a intensificarse. Veremos campañas permanentes en redes sociales, estrategias de comunicación, posicionamientos mediáticos y mucho dinero cuyo origen desconoceremos, a menos que el Instituto Electoral y el INE hagan su trabajo apegados a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.
Veremos eventos multitudinarios destinados a demostrar fuerza política. También veremos fotografías de concentraciones de personas que, en muchos casos, desconocen el propósito real de su asistencia. No son pocas las ocasiones en que ciudadanos reconocen haber acudido simplemente porque les ofrecieron algún apoyo, un alimento o una promesa.
Lo más preocupante es que se continúe utilizando la necesidad de la gente como herramienta de movilización política.
Frente a este panorama, la ciudadanía tiene una responsabilidad fundamental: mantener la serenidad, analizar con objetividad y exigir propuestas reales. Más allá de simpatías partidistas, debemos preguntarnos qué futuro queremos construir.
¿Queremos un país atrapado en la confrontación permanente? ¿Queremos seguir tolerando la impunidad? ¿Queremos aceptar como normal la vulneración constante de nuestros datos personales y los riesgos que ello implica? ¿Queremos seguir viendo cómo surgen nuevos multimillonarios? ¿Queremos imposiciones? Que queremos como país
Las próximas elecciones no sólo definirán quién ocupa un cargo público. También pondrán a prueba la capacidad que tenemos como sociedad para exigir mejores gobiernos, mayor transparencia y una auténtica rendición de cuentas.
México necesita menos propaganda y más soluciones. Menos confrontación y más diálogo. Menos discursos y más resultados.
Porque, al final, las consecuencias de las decisiones políticas no las pagan los partidos ni los candidatos. Las paga la ciudadanía, que todos los días enfrenta los retos de la inseguridad, la incertidumbre económica y la falta de oportunidades.
La verdadera soberanía comienza cuando los ciudadanos pueden vivir con libertad, seguridad, justicia y confianza en sus instituciones. Todo lo demás es discurso.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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