Ciudad de México.- La senadora zacatecana Geovanna Bañuelos respaldó la reforma al Artículo 127 de la Constitución mexicana que busca eliminar pensiones consideradas excesivas en organismos públicos como Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Banobras, al establecer nuevos límites a jubilaciones financiadas con recursos públicos para mantenerlas dentro de criterios de justicia, proporcionalidad y responsabilidad hacendaria.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado sostuvo que la modificación constitucional forma parte de un proceso de ajuste del sistema de remuneraciones públicas. A su juicio, el objetivo es impedir que las jubilaciones financiadas con presupuesto federal rebasen niveles que resulten incongruentes con el marco constitucional vigente.
De acuerdo con la legisladora, la reforma establece que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos no podrán exceder la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal de México. Con ello, explicó, se busca mantener coherencia con el diseño constitucional que regula los ingresos de los servidores públicos.
Bañuelos argumentó que la medida pretende ordenar el sistema pensionario y asegurar que el gasto público responda al interés colectivo. Señaló que el nuevo marco mantiene el principio de que ninguna remuneración dentro del servicio público debe superar el ingreso del titular del Ejecutivo federal, regla ya prevista en la Constitución mexicana.
La senadora subrayó que la reforma reconoce la existencia de diversos esquemas de retiro en el país y establece exclusiones explícitas. Según explicó, no se verán afectadas las pensiones construidas mediante ahorro individual, las que derivan de aportaciones sindicales ni los esquemas no contributivos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
En su exposición, recordó que durante décadas se consolidaron esquemas de retiro con montos elevados dentro de algunos organismos públicos, financiados con recursos fiscales. Señaló que, mientras la mayoría de los trabajadores del país acceden a pensiones reducidas, existen casos de jubilaciones en entidades gubernamentales con montos significativamente superiores al ingreso promedio nacional.
Para la legisladora, esta disparidad no sólo genera desigualdad sino que también entra en tensión con los principios constitucionales que regulan el uso de recursos públicos. En ese contexto, sostuvo que el objetivo de la reforma no es limitar derechos laborales legítimos, sino eliminar esquemas que se apartaron de criterios de equidad y responsabilidad presupuestaria.
Bañuelos añadió que la reorganización del sistema pensionario también responde a la necesidad de preservar la estabilidad financiera del Estado mexicano. Afirmó que el control del gasto en pensiones públicas es parte de una política orientada a evitar presiones futuras sobre el presupuesto federal.
En ese marco, vinculó la reforma con la política de austeridad impulsada por el actual proyecto de gobierno. Según explicó, el principio rector es que el servicio público no debe convertirse en un espacio de privilegios financiados con recursos de la población.
“La reforma fortalece la austeridad republicana y pone por delante el interés del pueblo de México. Pensiones dignas, sí; privilegios, no”, afirmó la legisladora. Agregó que gobernar implica administrar con responsabilidad el presupuesto público y garantizar que el dinero se destine a reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población.
La discusión sobre el sistema de pensiones en México se mantiene como uno de los temas estructurales del debate fiscal y laboral. La propuesta de limitar las jubilaciones financiadas con recursos públicos se inscribe en ese contexto de revisión del gasto y de búsqueda de mayor equilibrio entre derechos laborales, sostenibilidad financiera y uso del presupuesto federal.
LNY | Redacción