Zacatecas, Zac.- La LXV Legislatura de Zacatecas otorgó el reconocimiento María Rodríguez Murillo a la abogada Cristela Isabel Trejo Ortiz por su trayectoria de tres décadas en la defensa de los derechos humanos. La distinción, formalizada en sesión solemne tras un complejo proceso político, reivindica el activismo feminista y el acompañamiento jurídico a víctimas de violencia en un entorno de polarización institucional.
El galardón, instituido por decreto en 2014, honra la memoria de la maestra Rodríguez Murillo, asesinada en 1935 por su labor docente, y busca visibilizar el esfuerzo de las mujeres contra la desigualdad estructural. En esta edición, la candidatura de Trejo Ortiz fue la única registrada tras la convocatoria emitida el 10 de febrero de 2026. A pesar de la solidez técnica de su expediente, que acredita un trabajo sostenido con infancias vulnerables y familias de personas desaparecidas, el dictamen enfrentó resistencias en el seno del Congreso local. Diversos legisladores intentaron retirar el punto del orden del día, reflejando la tensión existente entre el activismo independiente y las estructuras del poder estatal.
Los antecedentes de este conflicto se remontan a las confrontaciones directas entre la jurista y la administración estatal. Trejo Ortiz, integrante activa del Movimiento Feminista de Zacatecas, ha denunciado agresiones por parte de fuerzas de seguridad durante manifestaciones de madres buscadoras y ha señalado episodios de difamación pública provenientes de la Secretaría General de Gobierno. Para los sectores que impulsaron la entrega del premio, estas fricciones institucionales confirman la pertinencia de reconocer un perfil crítico que ha incidido en políticas públicas con perspectiva de género y en la formación de redes de apoyo en sectores precarizados de la entidad.
Desde una perspectiva institucional, la entrega de la presea se posiciona como un acto de reparación simbólica y un compromiso de la soberanía popular con la agenda de igualdad sustantiva. El dictamen aprobado por las comisiones de Igualdad y Desarrollo Cultural subraya que la labor de la abogada, realizada frecuentemente de forma gratuita y bajo condiciones de estigmatización, es fundamental para la consolidación democrática. Al transformar exigencias privadas en causas de justicia pública, el reconocimiento trasciende lo individual para convertirse en un mensaje político sobre la importancia de proteger la labor de quienes defienden los derechos humanos en contextos de regresión social.