Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, presentará una iniciativa para reformar el artículo 325 del Código Penal Federal, con el objetivo de que toda muerte violenta de una mujer se investigue inicialmente bajo el protocolo de feminicidio, evitando así reclasificaciones indebidas y reduciendo la discrecionalidad judicial en el país.
La propuesta busca transformar la respuesta institucional ante una crisis de violencia que, según la legisladora, ha superado los marcos normativos vigentes. Actualmente, la ley vincula prioritariamente el feminicidio a relaciones sentimentales formales o violencia física evidente; sin embargo, la reforma pretende incluir contextos de violencia digital, control sin convivencia, hostigamiento y persecución sistemática. Esta actualización del tipo penal reconoce que las agresiones contra las mujeres han mutado hacia entornos tecnológicos y formas de acoso que los criterios interpretativos actuales suelen ignorar.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la instauración de una presunción de “razones de género” cuando la víctima se encuentre en situaciones de subordinación, discriminación o vulnerabilidad estructural. Aunque esta presunción admite prueba en contrario, obliga al Estado a que la investigación parta de una perspectiva de género obligatoria. Asimismo, se plantea establecer la responsabilidad legal de aquellos servidores públicos que, por negligencia o malicia, retrasen u obstaculicen la aplicación de estos protocolos, señalando que la impunidad se alimenta tanto de la acción del agresor como de la omisión estatal.
La iniciativa también propone que se considere razón de género el hecho de que la víctima haya sido reportada como desaparecida antes de su muerte o que existan testimonios de violencia previa, incluso si no hubo denuncias formales. Para la senadora, nombrar correctamente el delito no es un acto meramente simbólico, sino un reconocimiento de la dimensión estructural del conflicto. El debate que se abrirá en el Senado no solo abordará la técnica jurídica, sino el compromiso del Estado con la igualdad sustantiva y la garantía de justicia para las familias que exigen el fin de la invisibilización de estas muertes.
LNY | Redacción