Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha propuesto una reforma legislativa para establecer protocolos obligatorios de protección a menores y víctimas de trata durante el Mundial de Futbol 2026. La iniciativa busca reforzar la vigilancia interinstitucional en terminales de transporte y zonas turísticas ante el previsible aumento del turismo sexual y la movilidad humana masiva que acompañará a la competición internacional.
La propuesta, impulsada por la senadora Geovanna Bañuelos, plantea la adición del artículo 106 bis a la Ley General en Materia de Trata de Personas. El objetivo central es blindar a los colectivos más vulnerables frente a lo que la legisladora califica como una movilización humana sin precedentes, en la que suelen activarse economías paralelas dedicadas a la explotación. El marco legal vigente se vería reforzado con mecanismos de coordinación entre autoridades de seguridad, migración, turismo y trabajo para anticiparse a los riesgos inherentes a eventos de esta magnitud.
La relevancia de esta medida radica en la naturaleza de los grandes eventos deportivos, que históricamente han servido de escenario para el incremento de la demanda de servicios sexuales bajo condiciones de anonimato e impunidad. La senadora advierte de que el turismo sexual y las redes de trata se adaptan con rapidez a los flujos turísticos masivos. Por ello, el proyecto incluye la creación de sistemas de denuncia multilingües y operativos de inspección focalizados en áreas de alta concentración, como estadios y establecimientos de hospedaje.
El impacto social de esta iniciativa trasciende la logística deportiva para situarse en el ámbito de la responsabilidad pública integral. Al colocar el derecho a la integridad personal por encima de los beneficios económicos o el desarrollo turístico, la reforma afirma que la seguridad del Estado no debe limitarse al orden público, sino a la protección activa de la dignidad humana. En un contexto global, México busca con esta ley dotarse de herramientas preventivas que eviten que la celebración de 2026 deje un saldo negativo en el tejido social del país.
LNY | Redacción