Zacatecas, Zac.- Diez ingenieros y técnicos mineros, entre ellos los zacatecanos José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, permanecen desaparecidos tras ser víctimas de un secuestro masivo en Concordia, Sinaloa. El Colegio de Ingenieros de Minas, la Cámara Minera de México y diversos clústeres regionales emitieron un comunicado urgente para exigir su aparición con vida y denunciar la vulnerabilidad de un sector que se declara víctima de la violencia sistémica.
La privación ilegal de la libertad de este grupo de especialistas, que incluye también a profesionales como Francisco Antonio Esparza y José Manuel Castañeda, ha sido calificada por los organismos gremiales como un síntoma de la degradación del estado de derecho en las zonas de explotación. Los firmantes —entre los que destacan la Cámara de Comercio del Canadá en México y la asociación WIM México— subrayaron que la inseguridad en las regiones mineras ha transitado de ser un evento fortuito a un riesgo permanente que compromete la viabilidad de la industria formal en 696 comunidades del país.
En su pronunciamiento, las organizaciones rechazaron cualquier señalamiento que vincule la actividad minera con grupos delictivos, posicionándose en cambio como un sector bajo asedio. El documento sostiene que tanto trabajadores como contratistas y habitantes de los asentamientos mineros enfrentan condiciones que impiden el desempeño digno de sus labores. Los organismos insistieron en que la violencia y la impunidad no pueden normalizarse como parte del entorno operativo de ninguna actividad productiva en territorio nacional.
La disposición de las empresas para colaborar con las autoridades ha sido reiterada, enfatizando que se mantiene un flujo constante de avisos oportunos sobre hechos delictivos en las zonas de operación. Sin embargo, el reclamo central se dirige a la necesidad de una estrategia de seguridad efectiva que garantice la integridad física de quienes operan en regiones de alta conflictividad. Para el gremio, la resolución de este caso es prioritaria para evitar que el desamparo institucional desincentive la inversión y el desarrollo social que esta industria genera en zonas remotas del país.
LNY | Redacción