Zacatecas, Zac.- Pensionados y representantes legales como Jorge Rada y Asociados han solicitado formalmente a la LXV Legislatura de Zacatecas y a instancias federales el establecimiento de una constancia de responsabilidad institucional por la crisis del Issstezac. La petición señala que las administraciones de los exgobernadores Ricardo Monreal Ávila y Miguel Alonso Reyes consolidaron prácticas negligentes al autorizar prestaciones y aguinaldos sin sustento legal ni estudios actuariales. El documento subraya que, aunque las sanciones administrativas hayan prescrito, el Estado mantiene la obligación de documentar la verdad histórica para evitar que el costo de estos errores de planeación se transfiera a los jubilados.
El conflicto jurídico se agudiza ante la contradicción entre el discurso de “quiebra técnica” del Ejecutivo estatal y sus propios instrumentos de planeación. Mientras la dirección del Instituto justifica el impago de aguinaldos y el recorte de pensiones por insolvencia, el Plan Estatal de Desarrollo reconoce la existencia de un déficit estructural y asume la obligación ineludible de un rescate integral. Esta discrepancia ha sido zanjada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución 149/2024, que determina que la insuficiencia financiera no es un argumento constitucionalmente válido para desconocer derechos adquiridos ni violar prestaciones bajo el pretexto de corregir fallos administrativos del pasado.
La descapitalización del patrimonio del Issstezac es el resultado de décadas de inversiones en sectores comerciales no rentables, una insuficiencia histórica de aportaciones y la ausencia previa de una edad mínima para el retiro. Con un déficit actuarial que superaba los 47 mil millones de pesos al cierre de 2020, el Gobierno propone ahora el cierre de áreas turísticas y una reducción del gasto operativo. No obstante, los sectores afectados denuncian que la narrativa oficial sobre las “pensiones doradas” busca estigmatizar a los beneficiarios para eludir el cumplimiento de sentencias judiciales firmes que obligan al pago inmediato de las prestaciones adeudadas.
Esta crisis de seguridad social se inscribe en un escenario de efervescencia laboral en la entidad, donde coinciden las protestas del personal de salud de la sección 39 y el anuncio de paros totales por parte del SNTE 34. Ante la opacidad en el manejo de los recursos, se ha solicitado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para determinar si existe un dictamen técnico real que avale el término “quiebra” o si se trata de una estrategia de resistencia institucional. La resolución del conflicto depende ahora de la capacidad de la Legislatura para procesar esta demanda de verdad histórica y de la voluntad del Ejecutivo para alinear su gestión financiera con los mandatos constitucionales.
LNY | Redacción