CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La mañana del 25 de noviembre cayó sobre Zacatecas con la misma crudeza con la que se anuncian las tragedias que nadie quiere mirar de frente.
Mientras en la capital se preparaban discursos, cámaras y conexiones para firmar compromisos solemnes a nombre de las mujeres, en San Jerónimo, Guadalupe, una adolescente de 15 años era asesinada.
No fue un crimen aislado ni la fatalidad de un día cualquiera: fue la confirmación de que la violencia en este estado no respeta ceremonias ni fechas simbólicas.
La realidad, implacable, irrumpió en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para recordarnos que la retórica oficial siempre llega tarde a la escena del crimen.
La Fiscalía habló de un triple asesinato. Un hombre, una mujer y una menor. El presunto agresor, de 29 años, fue detenido y acusado de homicidio y feminicidio. Pero lo que las autoridades describieron como “pareja” no era otra cosa que un espejo sucio de la estructura patriarcal que permite que un adulto posea, manipule y controle a una niña, y que todavía haya quien lo llame relación.
El Movimiento Feminista de Zacatecas lo dijo sin pestañear: aquí la vida de una mujer vale menos, y la de una niña no vale nada. No fue un arrebato pasional, ni un conflicto doméstico, ni un caso más en las estadísticas. Fue —como denunciaron las colectivas— la ejecución puntual de un sistema misógino que entrena a los hombres para dominar.
Mientras ese cuerpo adolescente era levantado por peritos, el todavía inquilino de La Casa de los Perros se conectaba a la conferencia virtual de la presidenta Claudia Sheinbaum para firmar el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres.
Un gesto solemne, cargado de frases redondas. Hablar de “respaldo total”, de “garantías plenas”, de un país donde las mujeres vivan libres de violencia. Un discurso que habría sonado convincente si, a unos kilómetros, no estuviera ocurriendo lo contrario. O si ese discurso no se repitiera cada noviembre como una letanía desgastada que no consigue, ni quiere, modificar la realidad que finge enfrentar.
Las colectivas lo dijeron con precisión quirúrgica: cuando la Fiscalía promete que no permitirá que ninguna mujer sea dañada, repite un eco que ya ni asusta ni consuela. Mientras una niña pueda ser asesinada, aquí no se habla de seguridad: se habla de guerra. Y la guerra, por definición, se libra contra un enemigo. En Zacatecas, ese enemigo son ellas.
Pero la violencia no se expresa únicamente con balas, cuchillos o cuerpos abandonados. También tiene un rostro pulcro, administrativo, hecho de silencios, omisiones y exclusiones calculadas.
El mismo 25 de noviembre, mientras el gobernador presumía su voluntad política, su administración dejaba fuera de la reunión a la diputada del Partido del Trabajo, Renata Ávila Valadez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso de Zacatecas. La legisladora debía estar ahí; la invitación federal así lo establecía. Y, sin embargo, la fallida nueva gobernanza decidió excluirla sin aviso, sin explicación y sin la mínima cortesía institucional.
No fue un error logístico. Fue un mensaje. La única ausencia visible en el país fue la de Zacatecas, cuya representante legislativa en materia de igualdad quedó fuera de una reunión diseñada justamente para hablar de igualdad.
Ávila Valadez denunció violencia política en razón de género. Y tiene razón: anular una voz crítica también es una forma de violencia. Una que ocurre en oficinas climatizadas y no deja manchas de sangre, pero sí mutila el ejercicio público de las mujeres.
Y si la exclusión política hiere, la exclusión moral desangra lentamente. Ya lo había dicho la atleta olímpica Ilse Guerrero: el Estado, a ella, la usó, la humilló y la desechó. “Dijeron que es tiempo de mujeres y me hacen a un lado”, reclamó después de ser vetada del desfile cívico y del Premio Estatal del Deporte 2025.
Esta vez no hubo fotos sonrientes ni discursos de celebración. Solo un portazo y una marcha atrás en las promesas hechas en 2021, cuando Monreal posaba como benefactor del deporte zacatecano.
Ilse Guerrero, creyó en el proyecto y lo defendió; Renata Ávila, también creyó en el proyecto y lo defendió. Ambas hoy disfrutan lo votado.
Este mismo 25N, mientras el gobierno hablaba de compromisos nacionales y voluntad política, otra grieta se abría en el sistema educativo estatal: el Centro de Actualización del Magisterio (Camzac) amanecía tomado por estudiantes y docentes del colectivo Rompiendo el silencio.
El paro, que afecta a 280 alumnos, no nació del enojo sino del hartazgo: denuncias de acoso y hostigamiento sexual cometidos por profesores, sumadas a un patrón documentado de omisiones y encubrimiento institucional. Testimonios, expedientes y evidencia ya fueron entregados a la Secretaría de la Función Pública, al Comité de Ética y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aun así, dentro del plantel prevalecía una lógica perversa: proteger a los agresores antes que a las víctimas.
Así, lo ocurrido el 25 de noviembre revela el verdadero rostro del poder en Zacatecas: un doble discurso que se firma con tinta federal mientras se practica con tijeras locales. Un gobierno que habla de proteger a las mujeres mientras las excluye; que promete respeto mientras margina a quienes representan la igualdad; que presume apoyo mientras abandona a quienes le dieron legitimidad.
Este 25N, entre la muerte de una niña, el encubrimiento en el sistema educativo, la firma de un compromiso y la exclusión de una mujer quedó claro que aquí las palabras oficiales pesan menos que el papel mojado. Y que, mientras esa brecha siga abierta, Zacatecas seguirá siendo un territorio donde la retórica avanza, pero la justicia retrocede.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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