JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Las protestas de los productores de maíz en al menos siete estados del país no son sólo un reclamo por precios justos; son el reflejo de la falta de información pública clara y accesible sobre las políticas del campo. Sin transparencia, los agricultores siembran en la incertidumbre, sin saber cuánto valdrá su producto, qué apoyos existen o bajo qué criterios se distribuyen.
Esta semana, el gobierno federal acordó con productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán un apoyo de 950 pesos por tonelada, de los cuales 800 provendrán de la Federación y 150 de los gobiernos estatales. El beneficio alcanzará a cerca de 90 mil productores con parcelas de hasta 20 hectáreas, y se anunció la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, que promete precios de referencia antes de la siembra y reglas de transparencia en la cadena comercial.
Es importante que los productores puedan conocer cómo se calculan los precios de garantía, qué criterios determinan los apoyos, quiénes son los beneficiarios y cómo se distribuyen los recursos. Así como los criterios que definen los altos costos a los que se enfrentan por parte de la Comisión Federal de Electricidad y que merma su producción. En pocas palabras, que tengan acceso a la información que afecta directamente su economía.
Un productor que desconoce los precios internacionales del grano, los costos de transporte o los programas de apoyo disponibles, no puede planear su cosecha ni negociar en condiciones de equidad. Es ahí donde los grandes intermediarios y acopiadores concentran ganancias, mientras el pequeño agricultor asume los riesgos sin certezas.
La transparencia debe acompañar todo el ciclo agrícola. Antes de sembrar, los productores deberían contar con datos públicos sobre precios de referencia, subsidios, financiamiento y previsiones de mercado. Durante la cosecha, deben poder consultar precios actualizados y reglas de comercialización. Y después, conocer quién recibió apoyos, en qué montos y con qué resultados. Sin estos tres momentos de información abierta, el campo seguirá dependiendo de decisiones centralizadas y los productores seguirán tomando decisiones sin fundamento.
No se trata sólo de publicar datos, sino de que sean comprensibles y útiles. Los portales de transparencia deben traducirse en información que llegue al ejido, a la cooperativa o al pequeño productor que apenas tiene conexión a internet. El acceso a la información es un derecho, pero también una herramienta de justicia social.
Por eso, la creación del nuevo sistema de comercialización del maíz puede ser una oportunidad si se construye con datos abiertos, indicadores verificables y participación de los productores. La transparencia sin participación se queda en discurso; la participación sin información, en voluntarismo. El equilibrio entre ambas es la base de una política agropecuaria justa y sostenible.
El campo mexicano no sólo produce alimentos también produce confianza, estabilidad y soberanía. Pero para que eso ocurra, los productores deben tener el mismo acceso a la información que tienen las grandes industrias. Saber cuánto cuesta producir, cuánto se paga realmente por el maíz y cómo se distribuyen los apoyos es tan esencial como la lluvia o la tierra fértil.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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