Jerez, zac.- El municipio de Jerez fue escenario de un nuevo episodio de confusión, fuego cruzado y silencio institucional. El incidente, ocurrido sobre la carretera Federal 23, enfrenta dos versiones opuestas: una que habla de una balacera iniciada por civiles armados y otra que niega categóricamente el uso de armas de fuego por parte de la Guardia Nacional.
La primera versión describe un operativo violento. Elementos de la Guardia Nacional interceptaron un vehículo compacto cuyos ocupantes actuaban de manera sospechosa. Al marcarles el alto, los civiles presuntamente abrieron fuego, provocando un enfrentamiento que, aunque breve, desató una persecución sobre el tramo carretero. Los agresores, según esta narrativa, lanzaron ponchallantas para frenar a las patrullas y huyeron a pie luego de perder el control del vehículo. No hubo heridos ni detenidos, pero el auto quedó asegurado bajo custodia de la corporación.
La segunda versión, atribuida a Rodrigo reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, contradice frontalmente el relato anterior. De acuerdo con la postura del funcionario, a quien se le atribuyen versiones como la explosión de un tanque de gas afuera del estadio de futbol de la capital, nunca existió una emboscada ni intercambio de disparos.
La Guardia Nacional realizaba patrullajes rutinarios cuando los ocupantes del sedán, sintiéndose perseguidos, arrojaron ponchallantas. Se habría iniciado entonces una persecución sin uso de armas. El vehículo fue abandonado en una brecha y se reforzó el operativo únicamente para retirar los obstáculos y asegurar la zona.
El punto crítico de ambas narrativas radica en el uso de la fuerza y en la transparencia de los reportes oficiales. Mientras los medios insisten en que hubo fuego cruzado, las autoridades niegan categóricamente cualquier disparo, aunque admiten —sin precisión— la posibilidad de que un elemento de seguridad haya accionado su arma. Ese matiz introduce una grieta en la versión institucional, pues abre la puerta a la hipótesis de una intervención armada que se busca minimizar.
El caso recuerda la larga serie de contradicciones que han marcado los operativos de seguridad en Zacatecas: versiones divergentes, omisiones en los informes y una narrativa oficial diseñada para contener el desgaste político. En Jerez, la población vuelve a quedar en medio del fuego —real o simbólico— de una guerra que el Estado asegura estar ganando mientras la violencia mantiene su propio ritmo.
Hasta ahora, no existen reportes de lesionados ni de detenciones. Tampoco se ha presentado evidencia balística que confirme o desmienta los disparos. La Fiscalía General de Justicia del Estado no ha emitido comunicado alguno, y el silencio de la Guardia Nacional alimenta la sospecha de que el incidente pudo haber sido más grave de lo que se admite.
En un estado como Zacatecas, donde los límites entre autoridad y delito suelen diluirse, la verdad es siempre el primer desaparecido. Y Jerez, otra vez, vuelve a ser el punto donde se confunden los disparos, las versiones y las responsabilidades.
LNY | Redacción