MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
En México, el incremento de la inseguridad y la violencia durante los últimos veinte años ha traído consigo un alarmante aumento de la extorsión. Así, no solo el aumento de homicidios y desapariciones ha caracterizado este periodo, sino también la expansión de este delito, que representa la otra cara del crimen: una forma sistemática de destrucción de la vida económica y social.
Según el jurista Alejandro Corzo Téllez, la extorsión es una conducta ilícita que se configura cuando una persona, con ánimo de conseguir un lucro o provecho coaccione, amedrente o amenace, por cualquier medio a otro con causar daños morales, físicos o patrimoniales, que afecten al amenazado o a persona física o moral con quien éste tuviere ligas de cualquier orden, para dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo.
Así entones, esta práctica se ha convertido en una de las conductas criminales que más afecta a empresarios, comerciantes, emprendedores y propietarios de pequeños negocios, sin importar que éstos se encuentren en grandes ciudades o incluso, hasta en comunidades rurales.
Hemos conocidos números relatos de dueños de tiendas, taquerías, papelerías, tortillerías, puestos de comida en la calle, o grandes comercios, empresas prestadoras de servicios, de transporte o distribución de mercancías que son extorsionados por delincuenciales. Estas víctimas narran cómo son obligadas a pagar “cuota criminal”, conocida popularmente como “cobro piso”. En otras palabras, son extorsionadas bajo amenazas directas, con la advertencia de sufrir severos daños o incluso perder la vida, si no se paga la cuota exigida.
La extorsión se manifiesta de diversas formas: mediante una cuota fija, un porcentaje de las ganancias o un cobro especifico por caja, pieza o kilo, afectando así toda la cadena productiva. Por ejemplo, en estados como Guerrero, Michoacán y Jalisco los productores de aguacate, limón y mango son obligados a pagar una cuota por cada kilo de producto que venden. Esta práctica impacta directamente la cadena de suministro alimentaria en México, que abarca desde el campo y el transporte hasta la industria, los minoristas y finalmente los consumidores, a quienes se les transfiere el costo de la extorsión.
En el caso de Zacatecas, la vox populi señala que también se cobra piso en distintos municipios por la venta de diversos productos como cerveza, vino y cigarros. Incluso, algunos ganaderos han reportado que deben pagar una cuota por cada cabeza de ganado que venden, lo que evidencia la expansión esta práctica criminal a distintos sectores económicos.
Recientemente se dio a conocer información sobre la extorsión en la venta de materiales de construcción. En este caso, se reportó el alza exponencial en los precios de materiales como arena, grava y piedra, lo que afecta severamente al gremio de la construcción, encareciendo los proyectos y limitando la actividad económica del sector.
Aunque las autoridades señalaron que no existen denuncias formales por casos de extorsión vinculados al aumento en precios de los materiales pétreos, surge una pregunta inevitable: ¿por qué los ciudadanos no se atreven a denunciar?, la respuesta parece evidente: por temor a las represalias, o, en muchos casos, por la desconfianza hacia las autoridades, ya que muchas personas dudan que existan acciones efectivas de investigación y sanción contra los responsables.
Lo cierto es que la cifra negra de este delito supera el 98%, lo cual se refleja en los datos oficiales de denuncias presentadas entre 2021 y julio de 2025. En este periodo, solo se han registrado 46 mil 204 denuncias en todo el país. En el caso de Zacatecas, apenas se contabilizan 1,089 denuncias en el lapso, y destaca especialmente el 2024, en el que únicamente se reportaron 42 casos. ¿Realmente solo 42 personas fueron extorsionadas en todo el estado durante ese año? Esta cifra pone en evidencia la enorme brecha entre la realidad y los datos oficiales, confirmando así la existencia de una cifra negra alarmantemente alta.
Ante esta realidad, muchas personas optan por pagar la extorsión con tal de proteger a sus familias y poder seguir trabajando, ya que su negocio representa su única fuente de ingresos. Otras, en cambio, prefieren cerrar sus tiendas o negocios y trasladarse a otro lugar a trabajar en busca de seguridad. Estas decisiones, aunque comprensibles, generan graves repercusiones económicas, fiscales, sociales y psicológicas, no solo para las víctimas directas, sino también para sus familias y la sociedad en general.
Por lo anterior, cobra relevancia la Reforma Constitucional para expedir una Ley General en materia de Extorsión, aprobada por el congreso de la Unión, así como por los estados de Quintana Roo, Ciudad de México, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y Zacatecas. Esta reforma establece la facultad constitucional para expedir una Ley General, que permitirá establecer un tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones en materia de extorsión, con el objeto de prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión y establecer mecanismos de atención efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos.
Esperamos que esta Ley General sea publicada e inicie su vigencia lo más pronto posible, para atender de manera urgente y efectiva un problema tan grave como es la extorsión, porque es evidente que, en muchos estados, se ha cerrado los ojos ante esta realidad, ignorando el tema bajo el pretexto de la falta de denuncias, perpetuando la impunidad y el sufrimiento de miles de víctimas.
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Abogada defensora de derechos y democracia.
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