ANGÉLICA COLIN MERCADO
El protocolo aprobado por unanimidad representa un avance significativo en la construcción de una universidad más justa, equitativa y segura.
El hecho de que se trate de un documento producto de la colaboración entre los tres sectores —docente, estudiantil y administrativo— muestra la madurez institucional y la capacidad de diálogo colectivo para enfrentar problemáticas complejas.
La elaboración horizontal, lejos de estructuras jerárquicas rígidas, constituye un ejemplo de gobernanza participativa que fortalece el sentido de pertenencia y legitimidad en la comunidad universitaria (De la Rosa, 2021).
Asimismo, la decisión de que el protocolo no se limite únicamente a acoso y hostigamiento, sino que atienda todas las formas de violencia sexual, refleja una visión integral y de largo alcance. Este enfoque evita la fragmentación en la atención y establece principios que se articulan con estándares internacionales de derechos humanos.
La perspectiva de género, tal como se destacó en la presentación, es indispensable para comprender la magnitud de estas violencias y sus repercusiones en los distintos niveles de la vida académica y personal del estudiantado y el personal universitario (Lagarde, 2015).
De esta forma, la institución asume un compromiso ético y jurídico que trasciende lo declarativo y se plasma en mecanismos de acción concretos.
Finalmente, la estructura operativa definida para la implementación del protocolo, con la participación de la Coordinación de Igualdad, la Unidad Especializada de Atención a la Violencia Sexual y los Comités de Primer Contacto, garantiza un sistema descentralizado y cercano a las necesidades de cada unidad académica.
Este modelo permite que las denuncias o solicitudes de atención no se enfrenten a barreras burocráticas, sino que sean acompañadas con sensibilidad y eficacia.
En suma, este protocolo es un paso firme hacia la construcción de una cultura universitaria de respeto, inclusión y seguridad, en consonancia con las demandas sociales actuales y con las obligaciones normativas nacionales e internacionales (ONU Mujeres, 2020).
Sobre la Firma
Educadora crítica, madre, directiva universitaria comprometida.
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