RAFAEL CANDELAS SALINAS
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se fundó el 17 de diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como una alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Surgió en un contexto de descontento magisterial, con el objetivo de democratizar el sindicato oficialista y enfrentar el control corporativo que el SNTE mantenía en estrecha alianza con el Estado mexicano. Una de sus principales banderas de lucha siempre fue la defensa de la educación pública.
Durante años se llamó “disidentes” a los maestros agremiados a la CNTE por oponerse abiertamente al régimen. Se enfrentaban al Estado, desafiaban al poder y reclamaban derechos. Hoy, ese calificativo ha perdido sentido. Ya no son oposición. Andrés Manuel López Obrador hizo con ellos una alianza electoral de cara a los comicios del 2018 ofreciéndoles, a cambio de su apoyo con votos, movilizaciones y presión política, que si llegaba a la Presidencia de la República les ayudaría a echar abajo la reforma educativa aprobada en el sexenio de Peña Nieto que, entre otras cosas, señalaba que las plazas del magisterio ya no podrían heredarse y que el nuevo criterio para los ascensos laborales sería el mérito académico y el famoso examen de conocimientos -que no les gusta- lo cual les quitaba el control sobre la carrera magisterial.
Una vez en la silla presidencial, López Obrador los cobijó, los premió y los malacostumbró, les concedió prácticamente todo lo que pidieron, con excepción de la centralización. Hoy, fieles a sus viejas prácticas, han vuelto a las calles. Han dejado a más de dos millones de niños sin clase. Tomaron escuelas, calles, plazas, carreteras, intentaron apoderarse del aeropuerto de la Ciudad de México y ahora incluso han ocupado sucursales bancarias, propiedad de la iniciativa privada, que nada tiene que ver con sus reclamos al gobierno sin que nadie les diga nada.
Sus dos principales demandas rayan en lo absurdo: derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y recibir un aumento salarial del 100%. ¿Quién no quisiera duplicar su sueldo? ¿A quién no le gustaría que le hicieran leyes a modo? En un país con enormes desigualdades y con una economía en constante presión, este tipo de exigencias no sólo son desproporcionadas, son una falta de respeto al resto de los trabajadores del país. La ley no se legisla por capricho, ni se reforma como si se tratara de hacer enchiladas. Aunque últimamente eso parezca.
Las leyes, por definición, son de carácter general. Gobernar y legislar implica pensar en todos, no en concederle leyes a modo a grupos específicos. Es un abuso —no solo en sus demandas, sino también en sus acciones— cerrar escuelas, bloquear calles, afectar hospitales, impedir el paso a los ciudadanos o ahora impedir el funcionamiento de bancos, con todas las consecuencias que ello conlleva. ¿Quién se va a hacer responsable de los pagos vencidos, intereses, multas y pérdidas por falta de pago en un banco o en una oficina gubernamental que está tomada?
Y mientras tanto, ¿quién paga las consecuencias? Los niños. Dos millones de estudiantes en todo el país llevan días sin clases, según cifras del SNTE solo en Zacatecas hay más de dos mil escuelas en paro (2056), miles de niños una vez más son rehenes de un conflicto que no les pertenece. Se les está negando su derecho a la educación, como si el futuro de los menores pudiera ponerse en pausa cada vez que a un sindicato se le ocurre salir a la calle. No solo suena incongruente que un movimiento que nació con la bandera de luchar en pro y en defensa de la educación pública mantenga su presencia con acciones que van precisamente en detrimento de esta, esa es la verdadera tragedia, que en nombre de la “lucha magisterial”, se pisotee el derecho más básico de la niñez mexicana: la educación.
Además, resulta evidente que los bloqueos no responden a demandas legítimas, sino a manipulaciones que vienen del pasado reciente. No se puede olvidar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya les ofreció un aumento salarial del diez por ciento y que, en su momento, se anularon reformas a la ley de educación que supuestamente los afectaban. Aun así, ahora exigen, como no lo hicieron en el sexenio anterior, un aumento del 100% y la derogación total de la reforma de pensiones de 2007, que estableció cuentas individuales para el retiro. Una medida que, (según la propia presidenta) si se revirtiera, pondría en jaque las finanzas del Estado. Lo saben. Saben que no hay marcha atrás. Y, sin embargo, lo utilizan como pretexto para justificar sus bloqueos y amenazas, algo que nunca le hicieron a López Obrador.
Frente a estos excesos, el Estado ha actuado con claroscuros. La presidenta de la República ha tenido gestos correctos y firmes como no dejarse chantajear para recibirlos personalmente, los remitió al diálogo institucional con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación. Formalmente bien, pero en los hechos, nada se resuelve. El poder del Estado parece paralizado, no sabe qué hacer, no se atreve ni siquiera a descontarles el salario mucho menos a hacer valer la ley.
Coincidimos en que no haya represión, pero también en que se haga cumplir la ley. El artículo 6º de la Constitución garantiza la libertad de expresión y de manifestación, pero también establece límites, esa libertad termina donde comienzan los derechos de los demás. Y hoy, los derechos de millones de mexicanos están siendo pisoteados por un grupo que actúa con impunidad y con la certeza de que nadie les exigirá consecuencias.
Lo que hoy sucede es un ejemplo vivo de cómo en México la ley se aplica al más débil y se le perdona al más fuerte, al aliado, o al que se le teme políticamente. Lejos estamos de vivir en un verdadero Estado de Derecho. Lo que estamos viendo es el vivo retrato de un Estado de complacencia.
Nos leemos el próximo miércoles con más del Dedo en la Llaga.
