CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Washington, un burócrata redacta un párrafo que cabe en un correo electrónico y, con él, dibuja un mapa de miedo. En México, 30 de 32 estados entran en su lista negra. Zacatecas, junto con Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, aparece en el nivel 4: no viajar. La etiqueta es lapidaria; no da matices, no distingue calle de calle ni plaza de plaza. Es un sello que, en diplomacia, equivale a colocar un letrero de “zona de guerra” en la puerta de una casa.
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aquí no solo hay homicidios, secuestros y robos: también terrorismo. La palabra flota como pólvora en el aire. No explica qué grupo, qué acto, qué prueba. La coloca en el aviso y basta. A partir de ahí, cualquier ciudadano estadounidense que lea el documento sabrá que Zacatecas es, oficialmente, un lugar al que no conviene acercarse ni por error.
La respuesta local no se hizo esperar. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad contraatacó con cifras duras: en julio de 2025, Zacatecas fue el tercer estado más seguro del país en homicidios dolosos, con solo siete casos —el 0.3% del total nacional—, superado únicamente por Yucatán y Coahuila. Nada que ver con el 2021, cuando se acumulaban más de 700 asesinatos y las calles eran escenario habitual de emboscadas, cuerpos colgados y balaceras a plena luz del día.
En términos estadísticos, la reducción es dramática. Pasar de ser parte de los cinco estados más violentos a instalarse en el podio de los menos homicidas en cuatro años no es casualidad. La narrativa oficial atribuye el cambio a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, al respaldo político de Claudia Sheinbaum y, cómo no, a la participación ciudadana.
Es un discurso que suena bien en boletines, pero que también exige contrastar: los secuestros, las extorsiones, los robos —esos delitos que no siempre se denuncian— que siguen siendo, según el propio aviso estadounidense, una amenaza.
Y ahí está la trampa: las estadísticas nacionales miden homicidios dolosos, pero la alerta de Washington se alimenta de un espectro más amplio, incluyendo la violencia que no deja cadáveres en la escena, pero sí cicatrices en la economía y en la vida diaria.
¿Cuánto pesa en la percepción internacional un reporte de la Embajada frente a un comunicado estatal? Mucho. Tanto, que un turoperador extranjero puede cancelar paquetes, un inversionista puede congelar proyectos y un migrante puede repensar si vale la pena volver en Navidad.
No es la primera vez que las versiones sobre la seguridad en Zacatecas se cuentan como si fueran dos películas distintas. El gobierno estatal habla de “esfuerzos conjuntos” y “coordinación histórica”; el gobierno de Estados Unidos, de “no viajar por riesgo de terrorismo y secuestro”. Entre una y otra narrativa, la población vive en carne propia lo que ni el boletín ni la alerta detallan: que la violencia no se erradica con un corte estadístico, y que el miedo —como la pólvora— puede encenderse con una sola chispa.
A la diplomacia le gusta la generalidad; a la política local, el matiz que le favorece. Pero la economía y la imagen de Zacatecas no viven de ninguno de los dos extremos. Un visitante extranjero no consulta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: lee la alerta de viaje y decide. Por eso, aunque las cifras sean reales y la mejora en homicidios sea tangible, el reto es más grande: construir una realidad que resista la lupa ajena, no solo el discurso propio.
En esta historia, como dice el refrán, “aunque la mona se vista de seda, mona se queda” si las calles, los caminos y las comunidades siguen siendo territorio de retenes irregulares o de extorsionadores al acecho, porque la credibilidad no se decreta; se gana. Y mientras la percepción internacional siga marcando a Zacatecas como zona prohibida, no habrá cifra oficial que logre borrar esa etiqueta.
Porque una alerta, cuando se cuelga en la puerta, no se quita con un boletín: se quita con hechos que no den pie a volver a colgarla.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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