JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Los servidores públicos tienen la obligación de cumplir con el Código de Ética y la Ley de Responsabilidades, no sólo porque así lo establece el marco legal, sino porque su papel en la sociedad exige un estándar más alto de conducta. Ser servidor público no es solo ocupar un cargo: es representar los valores del Estado, ser figura emblemática del deber, la confianza y el compromiso con la ciudadanía.
Independientemente de los asuntos personales o de la vida privada que puedan contradecir un espíritu de calidad moral, la investidura pública no puede desligarse de la responsabilidad ética. Cualquier mancha en la integridad del servidor público afecta no solo su imagen personal, sino también la credibilidad de la institución que representa.
Por eso, quien decide ocupar un cargo público debe entender que no puede eludir ni evadir el deber de ser ejemplo. La ciudadanía no espera perfección, pero sí coherencia, honestidad y respeto por el encargo que se les ha conferido. Ser servidor público implica ser referente, no lo contrario.
Y todo ello lo digo con mucha responsabilidad, porque he conocido casos de primera mano donde ha sido necesario denunciar el actuar de servidores públicos ante los famosos comités de ética, que deberían funcionar de manera imparcial dentro de las instituciones. Lo mismo sucede con otros casos mediáticos que han salido a la luz pública.
En estos tiempos, es falso que se pueda desligar la vida privada del servicio público. Si decides ser servidor público, debes tener tu vida privada bajo control. Por eso es privada. Pero cuando existen situaciones en las que tu calidad moral entra en conflicto con los principios que defiendes como persona, es imposible separar las situaciones del cargo, y mucho menos si eres titular.
Casos de acoso, violencia de género, corrupción, entre otros, no representan el servicio público. Es más honesto retirarse y afrontar las situaciones, si de verdad hay inocencia; o, de plano, corresponde a quien dirige separar de su cargo a quienes no tienen la calidad moral necesaria.
Por estas razones y muchas más, la sociedad ya conoce todo lo que ocurre gracias al avance vertiginoso de las redes sociales, los medios de comunicación y la transparencia que exige la ciudadanía. El discurso de las autoridades, en cualquier nivel, debe ser coherente y no contradecir los principios de honestidad. Porque la honestidad también implica llevar una vida coherente con lo que se dice dentro de la institución y lo que se hace fuera de ella.
La confianza ciudadana se construye con acciones, no con discursos. Por eso, la congruencia entre el decir y el hacer es hoy más indispensable que nunca. El servicio público demanda perfiles íntegros, conscientes de que cada decisión, cada conducta, repercute en la percepción y el rumbo de la sociedad.
En la función pública, la ética no es un accesorio, es la base del servicio.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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