CUAUHTÉMOC CALDERÓN GALVÁN
La información publicada recientemente sobre Adán Augusto López Hernández y su vínculo indirecto con La Barredora no es un escándalo más, es una fisura estructural en el discurso del poder. Un desafío no resuelto para Claudia Sheinbaum y el proyecto político que representa. Aquí no operan rumores. Son documentos militares filtrados, órdenes de aprehensión, fichas de Interpol y testimonios judiciales.
Durante su gubernatura en Tabasco, López nombró al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena. Desde 2021 el Ejército advertía que ese sujeto encabezaba una organización criminal dedicada a huachicoleo, narcotráfico y extorsión, según informes filtrados por Guacamaya Leaks. La ficha roja se emitió en febrero de 2025, pero Bermúdez huyó y hoy permanece prófugo.
La presidenta Sheinbaum ha dicho que “no se cubre a nadie” y ha dejado el caso en manos de la Fiscalía, mientras admite que aún no hay investigación formal contra López Hernández. Ha insistido en que se requieren pruebas, no dichos y que corresponde a la FGR esclarecer el caso, sin intervención política directa.
Sin embargo, la defensa cerrada de Morena y el silencio de Adán Augusto —quien solo ha roto el mutismo con mensajes genéricos sobre su compromiso con la transformación— no bastan para apagar la crisis. Su respaldo político inmediato contrasta con el propio discurso del partido que se proclamó como la ruptura final al pacto entre élites y narcos.
Este es un momento crítico para Sheinbaum. Tres caminos se abren ante ella: darle continuidad a una lógica de lealtad partidaria; respaldar investigaciones independientes y sancionar sin excepciones; o hacerse corresponsable de mantener impunidad dentro del núcleo de poder del movimiento que ella encabeza. Hasta ahora ha optado por la prudencia institucional, pero no por la claridad política.
El caso no es menor. Tabasco fue cuna del narco-político privilegiado. Hoy Tabasco llora muertos por narcoviolencia; el turismo colapsa y la ciudadanía duda de sus instituciones. El fantasma de Genaro García Luna es una advertencia. Y no se puede negar: si los vínculos con el crimen se producen desde adentro, sin respuestas claras, la narrativa del surgimiento moral pierde legitimidad.
Este escándalo también representa una oportunidad. Si Sheinbaum decide que la transparencia y la responsabilidad no tienen excepción, que las lealtades no se protegen con discursos vacíos, puede redefinir el rumbo político del país. Si opta por acallar al senador, su gobierno corre el riesgo de caer en el mismo círculo del autoritarismo moral que criticó.
Como en Tabasco, los nombres y fechas están documentados. Los correos electrónicos y las cuentas no mienten. La pregunta es si el poder mexicano tendrá el valor de preguntarse quién se benefició del silencio. Quién puso al Comandante H a resguardar el Estado. Quién lo defendió hasta que se fugó.
En un país donde la corrupción institucional no es novedad, este episodio podría ser la línea divisoria. Desde hoy, cada silbido oficial será leído con lupa. Cada aplauso político será cuestionado. Cada “yo no sabía” será medido con la memoria institucional y colectiva.
Porque los ciudadanos ya no creen en discursos donde el poder protege al propio poder. Ahora exigen consecuencias. Exigen coherencia. Exigen justicia. Y no algo que parezca alcanzarlo, sino algo que lo cumpla.
El fuego sigue ardiendo.
Nos leemos la próxima semana.
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