viernes, noviembre 20, 2026
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La educación también se enseña con el ejemplo

JULIETA DEL RÍO VENEGAS

Hay cifras que deberían preocuparnos y, sobre todo, obligarnos a reflexionar sobre el rumbo de la educación en México. No basta con hablar de transformación educativa, anunciar nuevos modelos o modificar planes de estudio si los resultados no se reflejan en mejores aprendizajes y, especialmente, en una sociedad más preparada.

Hace días vi el documental “El fin de la escuela”, de Juan Alfonso Mejía López, y sus testimonios y cifras permiten dimensionar la realidad del sistema educativo en nuestro país. Con cada sexenio cambian las políticas educativas, los planes y las prioridades, y esas decisiones tienen repercusiones que van más allá de las aulas: impactan en la salud, la seguridad y hasta en los niveles de corrupción. ¿Los niños van a la escuela por cumplir o por aprender?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2026. El dato merece atención: el promedio de libros leídos entre quienes reportaron leerlos pasó de 4.2 en 2025 a 3.9 en 2026. Una disminución que debe llevarnos a preguntarnos qué estamos haciendo para fomentar la lectura desde las escuelas, los hogares y las instituciones.

Hay otro dato interesante: 83.2 por ciento de la población de 12 años y más declaró leer contenidos en redes sociales. No se trata de descalificar los nuevos formatos ni de ignorar que la tecnología ha cambiado nuestros hábitos. El problema es confundir el consumo rápido de información con la lectura que desarrolla comprensión, análisis, pensamiento crítico y capacidad para cuestionar.

Leer no es solamente pasar los ojos por un texto. Es comprender, contrastar, investigar y formar un criterio propio. Precisamente esas capacidades son las que necesita una sociedad para no dejarse engañar por la desinformación.

Pero hay otro problema que me preocupa todavía más: los ejemplos que estamos dando desde las instituciones públicas.

En los últimos meses hemos conocido cuestionamientos sobre la formación académica de servidores públicos de alto nivel, aspirantes a cargos de elección popular, integrantes de los poderes públicos e incluso personas que ocupan posiciones de gran responsabilidad. Se han señalado posibles inconsistencias en títulos, cédulas profesionales y trayectorias académicas; también casos de personas que presumen múltiples maestrías y doctorados obtenidos en periodos sorprendentemente cortos, en instituciones cuya oferta educativa y reconocimiento merecen ser revisados.

No se trata de descalificar a nadie sin pruebas ni de cuestionar a quienes estudian en modalidades distintas. La educación presencial, en línea y los programas flexibles tienen cabida y valor cuando cumplen con los requisitos legales y académicos. Lo que no podemos permitir es la simulación.

Un título profesional debe acreditar conocimientos y preparación, no convertirse en un simple documento para presumir credenciales en fotografías, redes sociales o para abrir las puertas del poder. Las cédulas profesionales deben ser auténticas y verificables. Las instituciones educativas tienen la obligación de cumplir con la normatividad y las autoridades deben investigar cualquier irregularidad que se documente.

¿Qué mensaje les estamos enviando a nuestras niñas, niños y jóvenes cuando observan que algunas personas llegan a los espacios de mayor responsabilidad sin que su preparación académica esté suficientemente acreditada?

¿Estamos enseñándoles que estudiar, leer, prepararse durante años y esforzarse es importante? ¿O estamos normalizando la idea de que basta con tener un nombramiento, relaciones políticas o un título cuestionado para llegar a los lugares de decisión?

La educación también se construye con el ejemplo. No podemos exigirles a los estudiantes disciplina, honestidad y esfuerzo si desde las instituciones se toleran prácticas que contradicen esos valores. Una ministra, un magistrado, un secretario de Estado o cualquier servidor público debe estar sujeto a los mismos principios de legalidad y verificación que cualquier ciudadano.

Si hablamos de resultados educativos, también debemos revisar los datos de PISA 2025, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. Las cifras están por debajo de los promedios de la OCDE, que fueron de 463, 461 y 482 puntos, respectivamente.

Hay un dato particularmente preocupante: 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años no alcanzó el nivel básico de competencia en las tres áreas evaluadas. Esto significa que enfrentan dificultades para resolver problemas matemáticos, comprender textos y utilizar conocimientos científicos en situaciones cotidianas.

No estamos hablando de estadísticas aisladas. Estamos hablando de millones de estudiantes que necesitan mejores herramientas para enfrentar el futuro.

La educación no se resuelve con discursos, cambios de nombre a los modelos educativos o reformas en el papel. Se necesita inversión, capacitación y profesionalización docente, mejores condiciones en las escuelas, comprensión lectora, pensamiento matemático y una política educativa que tenga continuidad y objetivos medibles.

También debemos reconocer el trabajo de miles de maestras y maestros que, a pesar de las limitaciones, siguen frente a grupo haciendo un esfuerzo extraordinario. La profesionalización docente, la actualización y la capacitación no pueden quedar relegadas en los presupuestos públicos.

México necesita recuperar el valor del conocimiento. Necesita que sus jóvenes entiendan que prepararse abre oportunidades, que leer permite comprender el mundo y que estudiar no es un trámite para conseguir un papel, sino un proceso para desarrollar capacidades y construir un proyecto de vida.

En una época en la que la inteligencia artificial puede generar textos, responder preguntas y realizar tareas en segundos, la educación debe fortalecer todavía más aquello que nos distingue: la capacidad de razonar, cuestionar, discernir y tomar decisiones responsables. La tecnología puede ser una gran aliada, pero nunca debe sustituir el pensamiento propio.

La educación debe volver a ser una prioridad nacional, no solamente en el discurso, sino en el presupuesto, las políticas públicas y las decisiones de quienes gobiernan.

No podemos pedirles a las nuevas generaciones que lean más, estudien más y se preparen mejor si quienes ocupan los espacios de poder no son capaces de demostrar con hechos el valor de la preparación, la honestidad y el conocimiento.

El problema de México no es solamente que sus jóvenes estén aprendiendo menos; también es que desde algunas instituciones estamos mandando el mensaje equivocado: que se puede llegar muy alto sin demostrar preparación. Y eso es profundamente injusto para quienes sí estudian, se esfuerzan y se preparan.

No hacen falta más discursos para presumir que estamos transformando México. Hace falta demostrarlo con mejores estudiantes, mejores maestros y servidores públicos preparados para servir.

Sobre la Firma

Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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