NOEMÍ LUNA AYALA
El presupuesto de una nación revela las prioridades de quienes la gobiernan. Y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobado por Morena y sus aliados, deja una realidad preocupante: hay recursos millonarios, pero siguen sin atenderse necesidades fundamentales de millones de familias mexicanas.
Estamos hablando de 10 billones 636 mil millones de pesos, una cantidad histórica que debería traducirse en mejores hospitales, escuelas dignas, seguridad, agua potable, infraestructura y oportunidades para quienes trabajan todos los días por sacar adelante a sus familias.
Sin embargo, el presupuesto aprobado contempla un déficit de 1 billón 358 mil millones de pesos. Es decir, seguimos comprometiendo las finanzas públicas mientras numerosas necesidades permanecen sin respuesta.
No estoy de acuerdo con un modelo que recurre al endeudamiento sin garantizar que cada peso se traduzca en bienestar, desarrollo y mejores servicios públicos.
Mientras las familias enfrentan carencias en salud, educación y seguridad, el Gobierno federal continúa destinando recursos a proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación. Mi cuestionamiento es sencillo: ¿cuánto más tendrán que aportar los mexicanos para sostener estas operaciones y cuándo conoceremos resultados que justifiquen plenamente su costo?
Por congruencia, voté en contra del dictamen en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y mantuve mi rechazo durante su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. No puedo avalar una distribución de recursos que, desde mi perspectiva, no responde suficientemente a las prioridades de la población.
Uno de los puntos más preocupantes es el recorte de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, precisamente cuando México se prepara para las elecciones federales y locales de 2027.
En lugar de fortalecer las condiciones para organizar elecciones confiables, la mayoría legislativa decidió reducir los recursos solicitados por el organismo electoral. Esta decisión merece una explicación técnica transparente, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre la gestión de su presidenta, Guadalupe Taddei.
La autonomía electoral no debe convertirse en rehén de intereses partidistas. El INE pertenece a los ciudadanos, no a Morena ni a ningún gobierno.
Pero si el panorama nacional preocupa, lo que ocurre con Zacatecas exige una atención todavía mayor.
Las cifras del presupuesto federal muestran que nuestro estado recibirá más recursos en términos generales. Sin embargo, ese incremento no significa necesariamente más inversión productiva ni mejores servicios para los zacatecanos.
Por ejemplo, las aportaciones federales del Ramo 33 registran una disminución real de 1.9% respecto de 2026, y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud presenta una caída real de 47.6%, al pasar de 1,769 millones de pesos a 963.4 millones.
En el campo, los subsidios identificados para Zacatecas pasan de 87 millones a 51.6 millones de pesos, una reducción real de 43%.
¿Cómo explicarles esto a nuestros productores, que enfrentan dificultades para comercializar sus cosechas y necesitan respaldo para seguir trabajando sus tierras?
El agua tampoco recibe la atención que merece. Para la presa Milpillas, proyecto estratégico para el abastecimiento del corredor Zacatecas-Fresnillo, desaparecen los 2 mil millones de pesos que estaban etiquetados en 2026.
Y mientras las necesidades de agua potable siguen creciendo, los subsidios para administración del agua y agua potable disminuyen 28.3% en términos reales.
La educación superior enfrenta otra realidad alarmante. La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene proyectado un subsidio federal cercano a 2 mil 30 millones de pesos, pero arrastra un déficit operativo anual estimado en 700 millones, además de una deuda histórica con el ISSSTE superior a 4 mil 600 millones.
No se trata solamente de números. Se trata del futuro de miles de jóvenes que ven en la universidad pública la posibilidad de construir una vida mejor.
A esto se suma que buena parte de los recursos federales transferidos al estado ya tienen destinos legalmente comprometidos, principalmente en nómina educativa y obligaciones municipales. Por eso, un incremento en las transferencias no significa automáticamente mayor capacidad para construir hospitales, rehabilitar carreteras o impulsar nuevos proyectos.
Frente a esta realidad, sorprende la complacencia del gobernador David Monreal, quien celebra los incrementos presupuestales sin explicar cómo resolverá los rezagos estructurales de Zacatecas.
Después de cinco años de gobierno, los zacatecanos merecen resultados concretos, no solamente anuncios y expectativas.
¿Dónde están los recursos extraordinarios para rescatar nuestras carreteras? ¿Dónde está la solución financiera para la UAZ? ¿Qué respuesta recibirán nuestros productores? ¿Cómo se garantizará el abasto de agua y la atención médica?
Estas son las preguntas que deberían ocupar el centro de la discusión presupuestal.
No basta con presumir que llegará más dinero cuando una parte importante está comprometida y proyectos indispensables continúan sin financiamiento suficiente.
Zacatecas necesita una gestión firme ante la Federación, con proyectos viables, transparencia y resultados medibles. La lealtad de un gobernador debe estar primero con su gente, no con su partido.
Un presupuesto no debe medirse solamente por los billones que se aprueban, sino por las vidas que logra transformar.
México merece finanzas públicas responsables, instituciones democráticas sólidas y un gobierno que escuche las necesidades reales de las familias.
Y Zacatecas merece mucho más que resignarse a recibir lo que decidan desde el centro del país.
Porque el dinero público no pertenece a los gobiernos ni a los partidos. Pertenece a los mexicanos y debe servirles a ellos.
Sobre la Firma
Legisladora combativa y constitucionalista firme con liderazgo panista con filo crítico.
dip_noemi_luna@hotmail
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