CARLOS PEÑA BADILLO
Primero fue el gobernador David Monreal Ávila, quien en septiembre y octubre del 2022 recibió al entonces Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para firmar acuerdos en materia de seguridad con una inversión americana superior a los 15 millones de dólares. Después fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien el propio Senado de la República la invitó a comparecer para que informara las razones por las que permitió el ingreso de agentes de la CIA al territorio de Chihuahua, para desmantelar un laboratorio ilegal de metanfetaminas y que concluyó con un accidente vehicular, en el que murieron dos de los agentes norteamericanos. Hoy es el caso del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, el que está en problemas con el gobierno federal, y directamente con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya ordenó indagar el pacto de seguridad que hizo el Estado de Querétaro con Estados Unidos.
Según una nota del diario La Jornada, “Después de expresar su extrañeza por la participación del Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en la colocación de la primera piedra del edificio que albergará oficinas para capacitación en materia de seguridad a personal de Querétaro, invitado por el gobernador Mauricio Kuri, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al canciller Roberto Velasco, solicitar a ambas partes una explicación de los términos de esa coordinación.
“Hasta ahora hemos tenido buena relación con el embajador y ha ayudado a resolver temas diversos que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, pero sí hay temas en los que nos preguntamos: ¿por qué no es por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debe ser, como está la ley planteada?”.
Como en el acuerdo de seguridad entre Zacatecas y Estados Unidos, en los casos de Chihuahua y Querétaro está muy claro que no se respetó el artículo 89 de la Constitución, el cual señala que el titular del Ejecutivo federal es el responsable de la política exterior y representa al Estado Mexicano, y la propia Constitución prohíbe que los gobiernos estatales suscriban convenios con los gobiernos extranjeros, como en aquel 2022 lo señaló Andrés Manuel López Obrador, al referirse al caso de Zacatecas y en ese tiempo consideró AMLO que la reunión fue parte de la campaña de miembros de la política estadounidense en la antesala de sus elecciones intermedias de noviembre, como sucederá en este año.
De este tema podemos decir que Ken Salazar, entonces Embajador de Estados Unidos a México hizo una visita de cortesía en el mes de septiembre del 2022, pero un mes después, el 6 de octubre regresó a Zacatecas acompañado del Cónsul de los Estados Unidos en Monterrey, Roger Riggaud; la Directora Adjunta de Política y Programas de INL, Patricia Aguilar; el Cónsul para Asuntos Económicos y Políticos de los Estados Unidos en México, Anton Jongennel y el Vicecónsul para Asuntos Económicos y Políticos, Emily Brehob.
En la reunión de Zacatecas, celebrada en Ciudad Administrativa también estuvieron presentes la Delegada de los Programas para el Desarrollo y representante del Gobierno de México, Verónica Díaz Robles; el General Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública; el Fiscal Francisco Murillo Ruiseco; el Delegado de la Fiscalía General de la República en Zacatecas, Christian Camacho Osnaya.
Así como: Pascual Ortíz Mejía, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia; Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad y el General José Barajas Santos, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas.
En la reunión, David Monreal Ávila señaló que “para empezar podemos ir a encuentros de capacitación, para compartir inteligencia, visión, sobre el comportamiento del delito, con las nuevas modalidades de delincuencia que lucran con la migración, de las drogas sintéticas y una serie de cosas que nos obligan a fortalecer estos esquemas de colaboración”, dijo el mandatario zacatecano.
La realidad es que, tanto en el caso de Zacatecas, como de Chihuahua y Querétaro, los temas de cooperación con Estados Unidos son muy similares. En el de Zacatecas, no pasó de una mención en la mañanera que hizo ver el error de que un Estado hiciera acuerdos de seguridad con Estados Unidos. En los otros dos casos, la Presidenta de la República ha buscado magnificarlos y de ser posible enjuiciar a los Gobernadores, porque se trata de mandatarios panistas. Pero en uno o en los otros casos, la violación al artículo 89 existe y podemos concluir que en los tres casos, simplemente fueron acuerdos prohibidos.
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Diputado, exalcalde, voz opositora firme
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