CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Una deuda pública tiene una característica poco democrática: quien firma el contrato puede no estar sentado en el gobierno cuando llega la factura. La fiesta ocurre hoy; la cuenta aparece mañana. Y suele tocarle pagarla a una administración que no pidió el préstamo, a un Congreso que no lo contrató y, al final, a una sociedad que jamás estuvo frente al escritorio donde se estampó la firma.
El todavía inquilino de La Casa de los Perros quiere cerrar esa puerta en Zacatecas.
Durante su Quinto Informe de Gobierno anunció que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que los gobiernos estatales y municipales vuelvan a endeudarse. No se trata solamente de presumir que su administración no contrató nueva deuda. La apuesta es más ambiciosa: convertir esa decisión en una regla para los gobiernos que todavía no existen.
Hoy ya existe un antecedente. Tlaxcala no vive bajo una prohibición jurídica absoluta de contratar deuda. Su Constitución permite obligaciones y empréstitos, pero los somete a candados severos: deben destinarse a inversión pública productiva, requieren el voto de dos terceras partes del Congreso y tienen límites expresos respecto del presupuesto; además, no pueden contratarse nuevos créditos cuando existen adeudos derivados de los anteriores.
El resultado político ha sido todavía más contundente que la letra de la ley. Tlaxcala mantiene saldo cero de deuda municipal y ha presumido inversiones públicas sin recurrir al endeudamiento bancario.
En junio pasado, el gobierno estatal reportó cerca de siete mil obras y acciones con una inversión superior a 12 mil 777 millones de pesos, sin contratar deuda pública. Y en agosto, un reporte atribuido a Hacienda ubicó a Tlaxcala como la única entidad que llegará al cambio de gubernatura de 2027 sin deuda bancaria.
Ahí está la parte interesante para Zacatecas.
Porque David Monreal no está descubriendo que pedir prestado cuesta. Zacatecas lo aprendió durante años y a un precio considerable.
En su informe, el gobernador volvió sobre la historia de una deuda que, según su propio recuento, pasó de mil 600 millones de pesos durante el gobierno de Amalia García Medina a 32 mil millones con Miguel Alonso Reyes y después a 19 mil 962 millones al cierre de la administración de Alejandro Tello Cristerna.
David Monreal presentó esos números como el punto de partida de la crisis financiera que recibió y como la razón para no contratar un solo peso de nueva deuda.
Su argumento tiene una lógica sencilla: si un gobierno puede sobrevivir sin pedir prestado, ¿por qué dejar abierta la posibilidad de que el siguiente gobierno vuelva a hacerlo?
La pregunta incómoda viene después.
Una prohibición legal puede convertirse en un candado. Pero ningún candado sustituye a las instituciones. La deuda pública no nació porque faltaran leyes; nació porque durante años hubo gobiernos y congresos dispuestos a usar el crédito como salida rápida para problemas que casi nunca lo eran.
El dinero prestado resuelve una urgencia administrativa y fabrica una obligación política para el futuro.
Por eso la iniciativa tendrá que revisarse con lupa cuando llegue al Congreso. No basta con saber qué artículo quiere reformar David Monreal. Falta ver qué excepciones contempla, qué pasa frente a una emergencia, cómo se tratarán los pasivos de corto plazo, qué margen queda para proyectos productivos. Y, sobre todo, quién va a vigilar que el nuevo candado no traiga una llave escondida.
Porque gobernar sin deuda no significa gobernar sin problemas. Significa aceptar que hay problemas que no pueden resolverse hipotecando el presupuesto de quien todavía no llega.
Tlaxcala ofrece un antecedente útil precisamente por eso: no sólo por sus números, sino por la cultura financiera que ha logrado construir alrededor de ellos. Su legislación conserva mecanismos para contratar financiamiento, pero sus presupuestos recientes registran deuda cero. La norma importa. La decisión política, todavía más.
David Monreal llega al último tramo de su gobierno con una apuesta que va más allá de su administración. Quiere que el “no pedir prestado” deje de depender de la voluntad de un gobernador y se convierta en una obligación para los que vendrán.
Eso cambia la naturaleza del discurso. Ya no se trata únicamente de cuánto debe Zacatecas hoy, sino de cuánto podrá comprometer mañana un gobernante con mayoría, prisa y una firma en la mano.
Hoy el poder suele enamorarse del presente porque eso da votos. La deuda tiene memoria. Y siempre cobra después.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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