CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Durante tres días, una bebé de apenas mes y medio fue el rostro más pequeño de una ausencia demasiado grande. Cuatro adultos habían dejado de responder. Una familia buscaba explicaciones. Las fichas de búsqueda aparecieron y la Alerta Amber se echó a andar. Como pasa tantas veces en Zacatecas, el silencio se llenó de rumores antes de que los hechos pudieran hablar.
El 19 de agosto, Flavio, Cassandra, Liliana Elizabeth, María Guadalupe y la hija de Cassandra quedaron sin comunicación cuando se trasladaban desde Tlaltenango hacia la zona conurbada de Guadalupe. Las denuncias se presentaron entre el 20 y el 21 de agosto y se activaron los mecanismos de búsqueda. Entre las personas no localizadas había una bebé de semanas de nacida. La preocupación pública era comprensible. La respuesta, todavía no.
El sábado 22, la historia dio un vuelco.
Elementos de la policía municipal de Jerez, durante labores de vigilancia en la comunidad de El Durazno, tuvieron contacto con un grupo de ocho personas. Cinco correspondían a reportes de búsqueda: Flavio, Liliana, Cassandra, María Guadalupe y la menor. Todos recibieron atención y quedaron bajo resguardo de la autoridad.
Hasta ahí, podía parecer una historia de búsqueda con final feliz. No lo fue.
De acuerdo con la versión oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado, desde que recibió las denuncias detectó inconsistencias en las entrevistas de familiares de Liliana, de 19 años, respecto de su ausencia y de las actividades a las que se dedicaba. A partir de ahí, la autoridad hizo un análisis cibernético y localizó un perfil de Facebook que atribuye a Liliana, identificada en esa cuenta como “La China”, con referencias a un grupo delictivo y a presuntas actividades de facilitación criminal y reclutamiento.
Después vino el cateo. En el domicilio señalado como de Liliana, la Fiscalía reportó el aseguramiento de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, formatos de solicitudes de empleo, copias de credenciales de elector de personas provenientes de Jalisco y libretas con anotaciones que la autoridad relaciona con una organización delincuencial.
Son indicios. Y conviene llamarlos por su nombre. No son una sentencia.
La propia Fiscalía difundió la detención de Liliana “N” por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa, pero hasta el cierre de esta columna permanece detenida y no ha sido vinculada a proceso. La diferencia entre una acusación y una condena no es un tecnicismo jurídico: es una de las fronteras que separan al Estado de derecho de la justicia por cuenta propia.
El elemento más grave, según la Fiscalía, surgió durante la atención médica, psicológica y ministerial de las personas localizadas. Dos de las ocho señalaron directamente a Liliana y, según la autoridad, declararon haber sido obligadas mediante amenazas a realizar trabajos forzados que incluían labores de halconeo, narcomenudeo y reclutamiento para un grupo criminal.
Con esos testimonios y los demás datos reunidos, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas cumplimentó la orden de aprehensión.
Aquí aparece la paradoja que vuelve esta historia mucho más incómoda que cualquier video atribuido a un cártel que haya circulado en redes sociales: una mujer que fue buscada como posible víctima terminó detenida como probable responsable.
Pero una paradoja no es una sentencia.
Todo este relato, además, tiene un origen concreto: la versión de la autoridad que investiga. Hasta ahora no conocemos públicamente, con la misma amplitud, la versión de la defensa de Liliana ni una resolución judicial que determine su responsabilidad. Tampoco corresponde convertir los hallazgos ministeriales en verdades definitivas.
Eso no significa minimizar lo informado por la Fiscalía. Significa algo más sencillo y más difícil: leerlo con rigor. Porque el crimen organizado no solamente desaparece personas.
También las recluta. Las amenaza. Las utiliza. Puede convertir una promesa de empleo en una trampa y la vulnerabilidad económica en una herramienta de sometimiento. Y, en algunos casos, puede transformar a una persona captada por una estructura criminal en parte de la maquinaria que captura a otras.
Ahí está la frontera incómoda. La víctima puede estar dentro de la red. El victimario también. Y determinar dónde termina una condición y comienza la otra requiere investigación, pruebas y una decisión judicial.
Por eso hay dos tentaciones que conviene evitar. La primera es convertir toda desaparición en secuestro antes de tener elementos para sostenerlo. La segunda, todavía más peligrosa, es convertir una detención en una condena.
Liliana “N” deberá responder ante un juez. Las personas localizadas deberán ser escuchadas, protegidas y acompañadas. Y la Fiscalía tendrá que seguir la ruta completa: quién reclutaba, quién ordenaba, quién amenazaba, quién pagaba y quién se beneficiaba.
Porque detener a una persona puede cerrar una carpeta. Encontrar la red es otra cosa. En Zacatecas, la pregunta ya no es solamente dónde estaban los desaparecidos. Es quién los estaba esperando.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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