RAFAEL CANDELAS SALINAS
Hace unos días, en “la mañanera”, el director de Infonavit, Octavio Romero, sorprendió con una declaración insólita: anunció que el Instituto ayudaría a personas que están ocupando casas abandonadas —aunque no sean de su propiedad— para que eventualmente pudieran quedarse con ellas. Dijo que no serían desalojadas y que se les facilitaría un esquema de pagos para convertirse en propietarios.
La reacción fue inmediata. Juristas, ciudadanos, el sector empresarial y medios de comunicación señalaron lo evidente, se estaba alentando la ocupación ilegal de inmuebles. Increíblemente, fue necesario que la propia presidenta de la República apenas regresó de la reunión con el G-7 donde promovió el “Plan México” que impulsa temas como el desarrollo industrial y tecnológico, la innovación en movilidad, energías limpias, relocalización y la reducción de trámites para facilitar la inversión y creación de empresas, entre otros, se vio obligada a corregirle la plana al funcionario, defendiendo la propiedad privada y aclarando que “no se va a legalizar ninguna ilegalidad”.
El problema es que más allá de lo que aclare la presidenta, todos sabemos que el Director de Infonavit obedece más al teléfono rojo instalado en Palenque que al de Palacio Nacional, desde su llegada al Instituto no ha hecho otra cosa más que causarle problemas a la presidenta, primero con la reforma al Instituto que limitaba la participación del sector patronal, ahora con la promoción del derecho a invadir y al rato seguramente con la construcción de las pajareras que pretenden construir y que no van a alcanzar la meta. Y es que lo que Octavio Romero planteó no solo es una aberración jurídica, sino también una amenaza al Estado de Derecho.
Primero, porque se promueve abiertamente la invasión de propiedades privadas.
Segundo, porque una casa deshabitada no es una casa sin dueño. Muchas personas heredan, invierten, o simplemente no habitan un inmueble por razones personales o económicas o porque están en un proceso judicial. Eso no le da derecho a nadie a apropiarse de ella.
Tercero, porque esta política del Infonavit puede constituir la comisión de un delito. El artículo 395 del Código Penal Federal establece claramente que comete despojo quien, “con violencia, amenazas o engaños ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él sin consentimiento del legítimo propietario o poseedor”. La pena es de tres meses a cinco años de prisión, además de multas, pero si alguien promueve reiteradamente el despojo de inmuebles urbanos en la Ciudad de México, puede recibir de 2 a 9 años de prisión.
¿De verdad un funcionario público puede sugerir algo que bordea el delito y seguir al frente de una de las instituciones más importantes del país?
Estas declaraciones envían un mensaje gravísimo a la sociedad, abiertamente promueve que invadir puede ser más fácil que trabajar, ahorrar y comprar legalmente un patrimonio. Una política así solo ahuyenta la inversión, deteriora la confianza en el sistema inmobiliario y castiga a quienes han cumplido con la ley.
Lo más preocupante es que esta “ideota” venga de quien dejó a Pemex en ruinas, del mismo que fue acusado por el equipo de transición de Claudia Sheinbaum de haber entregado información sesgada sobre el estado contable de Pemex y su deuda a proveedores y que ahora ha sido “premiado” con la dirección de Infonavit. Desde su llegada, la institución ha dejado de ser una promotora seria de vivienda digna, para convertirse en una vitrina de populismo improvisado, entre pajareras y propuestas que rayan en la ilegalidad.
Ojalá la presidenta Sheinbaum —que ya tuvo que enmendarle la plana públicamente— también corrija en los hechos, nombrando a una persona con visión, preparación y respeto por la ley. Porque la vivienda digna no se construye invadiendo casas ajenas, ni traicionando el principio constitucional de la propiedad privada.
Nos leemos el próximo miércoles con más del Dedo en la Llaga.
